El seguimiento del cumplimiento de los recientes acuerdos entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo quedará en manos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), encargada de monitorear y verificar las obligaciones asumidas por ambas partes. De acuerdo con la información publicada por el medio, este anuncio se concretó en Doha, la capital de Qatar, en un encuentro donde delegaciones del Ejecutivo de Colombia y el grupo armado, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, pactaron varias medidas clave para avanzar en el proceso de paz.
Según informó el medio, el acuerdo central establece la creación de tres zonas temporales de ubicación para combatientes del Clan del Golfo a partir de marzo. Esas áreas, localizadas en Belén de Bajirá y Unguía —ambas en el departamento de Chocó— y en Tierralta, en Córdoba, servirán para un desplazamiento progresivo de miembros de la organización armada, conforme al documento firmado por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez Millán, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez.
El medio detalló que el texto pactado prevé la suspensión de la ejecución de órdenes de captura y solicitud de extradición para los combatientes que se ubiquen en las zonas designadas. Además, se incluye el compromiso de desarrollar acciones humanitarias orientadas a determinar las condiciones de salud de los integrantes del grupo detenidos en cárceles, tanto en Colombia como en otros países.
La reunión, según publicó el medio, se realizó con la mediación de un grupo conformado por Qatar, España, Noruega y Suiza, que acompañan las negociaciones como países garantes del proceso. Este esfuerzo multilateral apunta a brindar respaldo internacional a los compromisos asumidos.
El medio consignó que, como parte de los acuerdos alcanzados, se amplía el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos, extendiéndolo a diez municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar. Esta ampliación ocurre después de compromisos previos alcanzados en septiembre, los cuales contemplaban la erradicación y reemplazo de cultivos en al menos cinco localidades donde el Clan del Golfo tiene una fuerte presencia. De este modo, la iniciativa buscará abordar el problema de los cultivos ilegales en una región más amplia.
En el comunicado de la Presidencia colombiana, citado por el medio, se expresa también la convocatoria a la sociedad colombiana para reafirmar la construcción de paz como un objetivo colectivo, sin distinción de ideologías, creencias o posturas políticas. Tanto la delegación del Gobierno como los representantes del Clan del Golfo agradecieron el apoyo del Gobierno de Qatar y de los países mediadores, destacando el respaldo internacional como un elemento importante para el desarrollo de los acuerdos.
El documento firmado precisa que las medidas se implementarán a partir del mes de marzo y hace explícita la importancia del acompañamiento humanitario para los miembros privados de la libertad, en un intento por garantizar el respeto a sus condiciones básicas, mientras avanza el proceso de negociación y desarme.
Este pacto surge en el contexto de una serie de esfuerzos que el Gobierno colombiano viene desarrollando con diferentes actores armados para desescalar la violencia y avanzar hacia una paz negociada en diversas regiones del país, reportó el medio. Ettas negociaciones representan un nuevo capítulo dentro del intento del Estado por desarticular estructuras criminales a través de la vía del diálogo y la reintegración social de sus miembros, además de atacar la economía ilegal basada en los cultivos ilícitos.
El medio subrayó el carácter progresivo de la concentración de combatientes en las zonas designadas y la vigilancia de que las condiciones de reclusión de los integrantes del grupo armado queden sujetas a evaluaciones humanitarias. Por otro lado, la articulación entre organismos internacionales, tal como la participación de la MAPP/OEA, busca ofrecer garantías de transparencia y legitimidad para las distintas fases del proceso.
La selección de zonas en Chocó y Córdoba responde a la presencia histórica del Clan del Golfo en estos departamentos y a la intención de facilitar el traslado ordenado y monitoreado de los combatientes. De acuerdo con el reporte, el alcance territorial de la ampliación del programa de sustitución de cultivos apunta a debilitar las bases económicas del grupo armado y ofrecer alternativas productivas a las comunidades afectadas por el narcotráfico.
Los acuerdos firmados en Doha marcan un hito en las relaciones entre el Estado y el principal grupo armado ilegal vinculado al tráfico de drogas en Colombia, según concluyó el medio. La cooperación internacional y el compromiso de las partes para avanzar hacia la normalización y el desmantelamiento progresivo de las estructuras criminales se constituyen en elementos centrales de esta etapa del proceso de paz.
