“¿Romero? Sí, sí, fue durante muchos años subdirector del Servicio Técnico, sobrevivió a varios gerentes y directores de gestión. Con este tipo, proliferaron las contratas de mantenimiento y las obras”, explica un veterano empleado del hospital Ramón y Cajal, uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde trabajan casi 6.000 profesionales y que atiende a una población de 610.000 personas. Por Romero se refiere a Antonio Romero-Toro, que en la última memoria publicada del hospital (la de 2023) aparece como Subdirector de Obras y Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, a las órdenes de Pablo Torres Arrojo. Ninguno sigue ya en el Ramón y Cajal: Romero-Torio se jubiló en enero de 2023 y su jefe Pablo Torres terminó su relación contractual con este centro sanitario en septiembre de 2023.
Con Romero-Toro gestionando las obras y reparaciones de un hospital tan importante como el Ramón y Cajal, “proliferaron las contratas”, como explica la fuente antes señalada. Entre esas contratas, llaman la atención dos empresas: Fornela Multiservicios y Proyectos Imifer. Las dos están domiciliadas en la misma dirección, en un pequeño edificio blanco de oficinas situado en Las Rozas. Fornela se dedica a la climatización industrial. Proyectos Imifer no tiene página web. El registro mercantil señala que su objeto social es la promoción inmobiliaria, la construcción y las instalaciones eléctricas y de gas. En el registro aparece como apoderado de ambas Julián Romero-Toro Domínguez. Y el gerente es Joaquín Romero-Toro (no aparece el segundo apellido), según documentos internos de las empresas.
Ambos son familiares directos de Antonio Romero-Toro, según han explicado varios trabajadores del hospital a este diario: Joaquín es el hijo de Antonio; y Julián, su nieto. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con ellos en reiteradas ocasiones. Quería conocer su versión sobre los 1.346 contratos públicos que estas dos empresas, Fornela e Imifer, se han llevado del hospital Ramón y Cajal mientras su familiar directo, Antonio, era el responsable de las obras.
Entre 2016 —primer año que el portal de contratación permite iniciar la búsqueda— y 2022 —último año de Antonio Romero-Toro en el hospital—, el Ramón y Cajal ha adjudicado 859 contratos a la empresa Fornela y otros 487 a Imifer.
El importe de las cuantías adjudicadas se eleva hasta los 7,7 millones de euros en el caso de la primera sociedad y los 2,3 millones de euros en el de la segunda. En total, poco más de 10 millones en siete años.
Hay de todo. Contratos de hasta 136 euros por reparaciones menores y suministro de algún tipo de material, hasta los 598.312,50 euros que Fornela se llevó, por ejemplo, en septiembre de 2022 para adecuar varias zonas del hospital para la instalación de los nuevos equipos INVEAT, financiados por el Gobierno central y que permitieron la renovación de aceleradores lineales, TACs, resonancias magnéticas, equipos de hemodinámica y braquiterapia digital para mejorar el diagnóstico y el tratamiento oncológico y neurológico.
El 70% fueron contratos a dedo
La mayoría fueron contratos de baja cuantía, de entre 1.000 y 3.000 euros: contratos menores que el Ramón y Cajal adjudicó tras invitar a tres empresas, sin necesidad de transparencia y concurrencia. Luego hay contratos más elevados, de entre 35.000 y 50.000 euros. También hay unos pocos contratos que superan los 350.000 euros. La información analizada por Infobae revela que el 70% de los 10 millones que estas dos empresas han recibido se ingresó gracias a contratos a dedo.
En el caso de la empresa Imifer, el 100% de los contratos que se llevó fueron de adjudicación directa. Este diario ha preguntado a la Consejería de Sanidad si conocía que varias empresas de la familia del responsable de obras del Ramón y Cajal se había llevado tantas licitaciones. La respuesta ha sido un rotundo “no”, y añadió que estaban analizando la información que habían conocido a través de Infobae España para investigar cómo se habían adjudicado estos contratos.
En la Consejería de Sanidad también recalcan que la dirección del Ramón y Cajal es nueva. El gerente, Carlos Mingo, llegó al puesto en septiembre de 2023, ocho meses después de que Antonio Romero-Toro se hubiera jubilado. Este diario también ha intentado hablar con Pablo Torres, el exjefe de Romero-Toro, ahora en el sector privado. Sin éxito. El anterior gerente, Juan José Equiza, ya admitió en una comparecencia en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid que su hospital había “abusado del contrato menor”, pero incidió en que es “legal”.
Más Madrid acusó entonces a Equiza de que, desde que él llegó al Ramón y Cajal, en febrero de 2014, los contratos de reparación y mantenimiento se ejecutaban en su gran mayoría sin transparencia ni publicidad. Es decir, eran contratos menores. Entre mayo de 2019 y marzo de 2020, Equiza adjudicó 11 contratos a dedo a la empresa Artesolar Iluminación, a cambio de proporcionar lámparas y pantallas al hospital. El hermano de la presidenta madrileña (Tomás Díaz Ayuso) era entonces Gerente de Desarrollo de Proyecto de esta empresa, que facturó con estos contratos 71.184 euros.
Las cuentas analizadas de las empresas Fornela e Imifer también revelan que el hospital ha sido su principal fuente de ingresos. Entre el periodo 2016-2022, el 54% de los ingresos de explotación declarados procedían de este centro sanitario. En el caso de Imifer, este porcentaje se eleva al 77%.
Las empresas de la familia Romero-Toro se han seguido llevando contratos, aunque en menor medida, desde que Antonio Romero-Toro dejó el departamento de obras del Ramón y Cajal: en diciembre de 2024 la firma Fornela se llevó un gran contrato de 596.118,60 euros para adecuar espacio del centro y poder implantar salas de radiología. Pero es cierto que la facturación de ambas compañías con el hospital se redujo drásticamente a partir de 2023, cuando Antonio Romero-Toro ya se había jubilado.
Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, ha analizado miles de contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ha concluido que, solo en 2024, se registraron 1.000 millones de euros en contratos menores, y en 200 de esos millones hay un alto riesgo de que hayan sido troceados. Hernández ya descubrió que otra empresa llamada Pinturas Rosell SL había ganado 1.182 contratos desde 2020 con el hospital Ramón y Cajal. La información fue publicada por el diario El País, que elevó a 1.641 los contratos menores (a dedo) adjudicados a Pinturas Rosell (administrada por Miguel González, de 71 años), es decir, un encargo cada 48 horas. Trabajos del tipo “Repaso goteras” (363 euros), “pintado aseo por avería agua” (278,28), “bordillo piramidin y taxis” (3.430,35), y muchos otros para pintar laboratorios, consultas o habitaciones de planta, entre otras zonas del hospital. En total: 4,7 millones de euros.
“Como los de Fornela, Imifer, Pinturas Rosell o BricoMoreno, una empresa donde trabaja un concejal del PP, debe haber muchos más casos en ese maremágnum de miles de contratos y millones en la sanidad madrileña que alguien debería estar controlando, fiscalizando o investigando”, afirma Hernández. Este activista ha recurrido al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ante la falta de respuesta de sus solicitudes de acceso a decenas de expedientes de contratación pública.