La acusación popular que ejerce el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reivindicado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha intervenido en este caso en defensa del «sacro» secreto profesional, aseverando que habría hecho «exactamente lo mismo» si en vez del «novio de» fuera la «esposa de».
El letrado Ignacio de Luis ha argumentado en su informe final que la intención del ICAM es proteger el secreto profesional en su dimensión de «libertad negocial» porque los acuerdos de conformidad no surgen por «generación espontánea» sino de los contactos entre los abogados defensores y la Fiscalía en un contexto de confidencialidad.
Y ello, ha explicado, porque si las negociaciones trascienden a la luz pública puede que nunca cristalicen porque las acusaciones populares lo impidan.
Según testificó el nuevo fiscal del caso contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel DíazAyuso, cuya querella ha terminado con García Ortiz juzgado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos, ese fue precisamente el motivo de que no haya acuerdo en su causa por delitos fiscales, ya enviada a juicio.
«Precisamente eso es lo que justifica que entendamos que este deber es sacro (…) no se puede sacrificar en ningún altar de la oportunidad política», ha declarado.
De Luis ha esgrimido que si se impone la premisa de que «aquí no pasa nada» porque «lo que importa es la verdad periodística», el resultado -hasta «medieval»– es que «haga lo que haga» el acusado queda «a los pies de los caballos».
Además, ha querido aclarar que el ICAM «haría exactamente lo mismo» si el perjudicado por estas filtraciones «en vez de ser novio de» fuera «esposa de». «Creo que con esto se me entiende perfectamente», ha apostillado en una clara alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno a la que investiga un juzgado madrileño.
