El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha denegado este lunes la solicitud de las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular— de decretar prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, aunque ha dejado constancia de que existen “sólidos indicios de criminalidad” contra ambos.
Fuentes jurídicas han indicado a EFE que el juez ha rechazado la petición de imponer prisión comunicada y sin fianza, por lo que se mantienen las medidas cautelares ya vigentes sobre Ábalos y Koldo, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y en contra de lo solicitado por las siete acusaciones populares.
Así, siguen en vigor la prohibición de abandonar el país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. “No se advierte, por eso, en el caso y en este momento, el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad”, argumenta el magistrado en sus autos.
Pese a no decretar prisión provisional, el juez considera que los indicios “aparecen seriamente consolidados” en el último informe de la Guardia Civil, y apuntan a que ambos “podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas”, una trama que también ha salpicado al ex dirigente socialista Santos Cerdán.
En su resolución, el magistrado sostiene que “parece razonable descartar” el riesgo de que los investigados cometan “nuevos hechos delictivos”, que no hay señales de que pretendan eludir la acción de la justicia —aunque reconoce que ese riesgo “nunca es enteramente descartable”— ni tampoco aprecia “peligro fundado y concreto” de destrucción de pruebas.
Ábalos y Koldo han comparecido ante el juez este lunes en el Supremo, citados tras conocerse los nuevos indicios. El primero se ha desvinculado por completo de los hechos, mientras que el segundo se ha acogido a su derecho a no declarar, según informan fuentes jurídicas a EFE.
Los nuevos indicios figuran en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye “muy expresivas y elocuentes grabaciones, aparentemente efectuadas” por el propio Koldo García. Estas pruebas han hecho que la causa escale a presuntos delitos de corrupción en adjudicaciones públicas durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes (2018–2021).
Ambos están siendo investigados por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Por su parte, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está citado a declarar el próximo 30 de junio como investigado por los dos primeros delitos.
Indicios múltiples de beneficios personales
En el auto, el juez detalla varios indicios que apuntan a la implicación directa del exministro. Señala que Ábalos “habría podido intervenir, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio” en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia a favor de empresas vinculadas a Víctor de Aldama, y “disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”.
Además, considera “indiciariamente justificado” que Ábalos “pudiera haberse beneficiado económicamente” del pago de los alquileres de la vivienda donde residía su expareja, Jéssica Rodríguez. También sostiene que “podría haber concertado”, a través de una empresa interpuesta y a propuesta de Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz).
El magistrado recoge además que Ábalos podría haber recibido un contrato de alquiler —también con opción a compra— de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, con un precio de venta de 750.000 euros, aparentemente por debajo del valor de mercado. Asimismo, habría disfrutado de “un alquiler estival en un chalet de Marbella” como “contraprestación” por la publicación de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa a cargo del Ministerio.
Por último, el juez subraya que existen “indicios muy consistentes” de que tanto Ábalos como Koldo “podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas”, actuando “concertadamente con terceras personas para este fin”.
