ROSARIO.-El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó hoy su renuncia al cargo que ocupa desde 2008, luego de que quedara acorralado por tres investigaciones judiciales, en las que se ordenó su prisión preventiva -que cumplirá en su domicilio- y tras un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura, que estaba llegando a la etapa final. El próximo 17 de junio Bailaque debía presentarse para exponer los argumentos de su defensa antes de que lo suspendieran, paso previo a su destitución.
El magistrado elevó su renuncia al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien la debe enviar al presidente Javier Milei, que es el que debe definir si la acepta o no. La renuncia es a partir del 1° de julio y podría ser rechazada por el Consejo de la Magistratura.
La estrategia del juez apunta, según fuentes judiciales, a dimitir para evitar perder su jubilación como magistrado, en momentos en que su situación judicial es muy complicada por la cantidad de pruebas que hay en su contra.
Bailaque está acusado en tres causas judiciales que se investigan en la justicia federal de Rosario, una de ellas se originó luego de que LA NACIÓN publicara el 12 de junio pasado que el contador del juez, Gabriel Mizzau, también llevaba las finanzas y cuentas del principal narco de Rosario Esteban Alvarado, a quien el magistrado estaba investigando. Además, el hijo del contador Sebastián Mizzau trabajaba en el juzgado federal N°4 y tenía contacto con las causas que implicaban a Alvarado.
Bailaque también está siendo investigado por una causa por extorsiones, junto con el financista Fernando Whpei y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. Durante la imputación los fiscales acusaron al magistrado y a estas dos personas de tramar una estrategia judicial para perjudicar al empresario Claudio Iglesias, al que le pidieron una coima de 200.000 dólares.
Además, Bailaque está imputado por otro episodio oscuro, en el que favoreció a su “amigo” Whpei con la administración de los fondos de una cooperativa que estaba intervenida por su juzgado.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
