El juez Juan Carlos Peinado ha decidido prorrogar seis meses más la causa contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica demuestran claramente que es más que previsible, que para el próximo día 16 de octubre de 2025, no hayan podido concluirse las actividades pendientes que darían lugar a la conclusión de las presentes diligencias previas. En un auto fechado el 10 de octubre, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid decreta así ampliar el plazo que tiene para seguir recabando pruebas contra la mujer del presidente del Gobierno. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026.
Begoña Gómez está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En la misma resolución, el magistrado asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza (porque todos los delitos mencionados están conexos) y no se debe desgranar solo el delito de malversación, como había pedido Peinado el pasado marzo.
La investigación continuará así hasta abril de 2026. Peinado recuerda en su auto que están acordadas y pendientes de practicar varias diligencias: un informe de la UCO sobre los convenios de la Universidad Complutense (que se ha personado como perjudicada en la causa) en relación con el Master de Transformación Social Competitiva y otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias, “así como sobre los repositorios aportados” por las empresas Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica.
También se ha pedido a la Escuela de Gobierno de la Complutense y a la multinacional Amazon que se remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos “en relación con los correos asociados a los dominios del Master, para su posterior análisis e informe por la UCO”. Igualmente, se está pendiente de que por “Presidencia del Gobierno se informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, así como de las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a María Cristina Álvarez Rodríguez”. Esta es la asesora de Gómez que también está imputada en la causa
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