Madrid, 7 may (EFECOM).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un «informe o denuncia» que el supervisor bursátil habría remitido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en relación con la labor de auditoría realizada por KPMG en las cuentas de Grifols.
En una providencia fechada el pasado 5 de mayo a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado requiere a la CNMV el citado documento, al que se refirió el director del departamento de información financiera y corporativa del organismo, Eduardo Manso, en su declaración como testigo el pasado 24 de abril.
Se trata de la causa abierta el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la firma de análisis Gotham City Research y su matriz General Industrial Partners (GIP) y a varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre Grifols.
En la providencia, el juez se refiere a la «meditada» declaración de Manso y solicita a la CNMV dicho «informe o denuncia», extremo que el magistrado no concreta, que aborda los informes emitidos por la firma auditora KPMG en «determinadas cuentas anuales» de Grifols.
Hasta ahora, no constaba que la CNMV hubiera cuestionado la labor auditora de KPMG, algo que desveló en su declaración Eduardo Manso.
Asimismo, pide a la CNMV que le haga llegar un informe de actuaciones fechado el pasado 9 de septiembre, complementario del informe razonado relativo a las irregularidades contables de Grifols de esa misma fecha.
Ambos informes, recuerda el juez, fueron elaborados por el departamento de información financiera y corporativa de la dirección general de Mercados de la CNMV, a cuyo frente está Eduardo Manso.
En un informe razonado que la CNMV dedicó a las irregularidades contables de Grifols, fechado el pasado 16 de septiembre, el departamento que dirige Manso constató incumplimientos de la normativa en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Asimismo, apuntaba a miembros de comité de auditoría y consejeros ejecutivos como las personas con «la mayor responsabilidad en el hecho de que los informes financieros anuales consolidados de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, y la información financiera intermedia del primer semestre de 2023, incluyeran datos inexactos o no veraces o que omitiera aspectos relevantes». EFECOM