El juicio oral y público por el presunto pago de coimas por parte de la empresa multinacional brasileña Odebrecht al exministro Julio De Vido y al exsecretario José López arrancó con sobresaltos.
El caso, conocido como el “Lavajato” argentino, se cruzó con el decreto del presidente Javier Milei (274/20125) que le quitó el rol de querellante y acusador particular a la Unidad de Información Financiera (UIF) en las causas como esta donde se investiga no solo el fraude, sino el lavado de dinero.
La audiencia quedó frenada por la discusión entre los abogados defensores por un lado y la fiscal Fabián León y la UIF por el otro, unos que pretendían que la UIF se retire como acusador y querellante en este caso y otros que defendieron esa facultad y señalaron que en todo caso el decreto presidencial se refiere a situación que se den el futuro y no se aplica a los casos del pasado.
En esta causa son juzgados 26 imputados, entre ellos De Vido, López, Roberto Baratta, el lobbista y supuesto intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez (en España) y empresarios poderosos de la construcción como Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros.
El juicio está a cargo de los jueces Germán Caastelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canedo. Lo que se investiga es si la brasileña Odebrecht pagó coimas en dos obras.
Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada por el kirchnerismo al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Por otro lado, el foco está puesto en la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal Federico Delgado, que estuvo a cargo de la instrucción del caso. Allí acusó a los funcionarios de haber recibido sobornos, a “Corcho” Rodríguez de haber sido un intermediario y a los empresarios de haber pagado.
Se discutió si se debía leer completo o una síntesis, pero la fiscal León insistió en que se leyera completo en aras de la publicidad del juicio, y de los que los acusados estuvieran al tanto de los cargos para que pudieran defenderse.
Pero cuando se debatió si también se debía leer la acusación de la UIF se generó la controversia. Los abogados pasaron de argumentar que no solo no se debía leer completa, sino que directamente no se debía leer porque la UIF, según dijeron, no podía ser querellante en este juicio.
Todo el juicio fue virtual por Zoom, por lo que algunos imputados desaparecían por momentos al apagar la cámara, lo que motivó la protesta de la fiscal León, que pretendía declararlos rebeldes, como si se hubieran retirado de esta audiencia, que es obligatoria para todos.
Tomó la palabra Carlos Froment, defensor de Carlos Ben, ex presidente de AySA, quien cuestionó la intervención de la UIF e invocó el decreto de Milei que le quita la facultad de querellar en los juicios. Se sumaron la mayoría de los abogados. Son 18 para 26 imputados, con lo que la ronda de objeciones fue larga.
Los querellantes de la UIF
Por la UIF defendieron su posición Diego Fleitas y Laura Taboada al sostener que el decreto normaba cuestiones a futuro y no se relacionaba con los juicios en marcha.
Finalmente el presidente Castelli decidió posponer la decisión acerca de la UIF para la próxima audiencia que se celebrará dentro de 15 días y como parte de las cuestiones preliminares, antes de las declaraciones indagatorias de los imputados.
Además de los funcionarios, que fueron procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, irán a juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.
Dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra “Corcho” Rodríguez en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero. Sin embargo, el empresario todavía enfrenta el proceso por Odebrecht.
Por el juicio desfilarán cerca de 300 testigos, con lo que si se mantiene este plan de sesionar una vez cada 15 días, se corre el riesgo de que dure años.
En septiembre del año pasado se conoció que parte de la prueba no podría ser utilizada por un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos, “Drousys” y “MyWebDay”, que son claves para investigar el pago de coimas.
En 2016, dos años después de que se desatara el escándalo, la firma Odebrecht confesó el pago de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Acá, el expediente se originó en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020 por el juez Sebastián Casanello. La investigación fue del fiscal Delgado.
