El reciente debate en torno a la propuesta de retención en la fuente para pagos electrónicos ha generado una ola de reacciones entre expertos y sectores políticos en Colombia, quienes advierten sobre posibles efectos adversos en la digitalización financiera y la formalización de la economía.
El Ministerio de Hacienda aclaró los alcances del proyecto de decreto que propone aplicar una retención del 1,5 % a todas las operaciones realizadas por medios electrónicos, luego de recibir rechazo de distintos sectores.
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De acuerdo con la información difundida por la entidad a través de X, el objetivo central del proyecto es eliminar la disparidad existente entre los pagos efectuados con tarjetas y otros mecanismos electrónicos.
Actualmente, las tarjetas débito y crédito ya están sujetas a una retención en la fuente del 1,5 %, mientras que otros métodos electrónicos no lo están.
En ministerio enfatizó que la medida busca “equiparar” el tratamiento tributario y que la retención solo se aplicará cuando el pago o abono constituya un ingreso tributario o se trate de la adquisición de bienes o servicios.
El ministerio también aclaró que las transacciones realizadas a través de plataformas como Bre-B, Nequi o Daviplata, y aquellas que no representen un ingreso para el receptor, quedarían exentas de la retención.
Además, subrayó que “en cualquier caso, el proyecto aclara que no estarán sometidos a retención las personas naturales que no sean responsables del IVA. No se está proponiendo un nuevo impuesto sino ajustando retención en la fuente ya existente”.
Reacciones a la propuesta financiera del Gobierno
Las reacciones no se hicieron esperar. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, expresó su preocupación por el impacto de la medida en la inclusión financiera y la formalización económica.
“Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. Muy mala idea, de la cual el ministerio debe desistir”, dijo Mejía.
Por su parte, el exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas Santamaría dirigió un mensaje directo al ministro Germán Ávila tras conocerse la propuesta.
“El país avanza y el Gobierno echa para atrás. No podemos castigar la modernización financiera ni desincentivar el uso de herramientas digitales. Ministro Ávila, no frene a Colombia; frene el gasto público y el derroche en contratos de prestación de servicios”.
La senadora Angélica Lozano también intervino en el debate, solicitando al Gobierno nacional que permita el desarrollo de la plataforma Bre-B, que inició operaciones en septiembre, antes de imponerle cargas tributarias.
Lozano planteó que «No lleva ni tres meses, ¿El objetivo es mejorar servicio para ciudadanos, bancarizar para construir historial que de acceso a crédito, disminuir efectivo método de fácil lavado…o gravarlo para recaudo?”
El proyecto de decreto, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, ha sido calificado por algunos sectores como una medida que podría frenar la modernización del sistema de pagos y dificultar el avance hacia una economía más digital.
