Suele afirmarse que el incremento del gasto público reactiva la economía y que una reducción lo deprime. A quienes defendemos la disminución del gasto nos califican de ortodoxos o insensibles, acusándonos de buscar el ajuste a expensas de la población.
Analicemos cuál es la validez de ambas posturas, comenzando por el argumento de que el gasto estimula la economía.
En economía no existen soluciones mágicas, por lo que la primera pregunta debe ser: ¿de dónde provienen los fondos para aumentar el gasto?
Existen cinco mecanismos principales de financiamiento:
- Aumento de impuestos
- Endeudamiento interno y externo
- Emisión monetaria
- Consumo del stock de capital
- Confiscaciones
Si el aumento del gasto se financia con un alza de impuestos, lo que ocurre es una transferencia de recursos de quienes pagan más tributos a quienes los reciben a través del gasto. Si los impuestos recaen sobre sectores de mayores ingresos y esos fondos se transfieren a los de menores ingresos, en principio, los segundos consumen más.
Sin embargo, los primeros tienden a invertir o ahorrar menos. La falta de ahorro reduce los recursos para financiar inversiones y consumo. El efecto inmediato es neutro: solo se modifica la composición de la demanda. Aumenta la demanda de bienes de consumo, mientras que la de bienes de capital disminuye. Esto genera una asignación ineficiente de los recursos.
A largo plazo, la menor inversión repercute en una baja productividad económica, salarios reales reducidos y menos empleos. Si, además, la presión impositiva se extiende a otros sectores, la historia demuestra que la sociedad suele rebelarse frente a gobiernos que la someten a cargas fiscales excesivas.
La falta de ahorro reduce los recursos para financiar inversiones y consumo
Si el gasto adicional se financia con crédito interno, el Estado presiona sobre el mercado financiero, aumentando las tasas de interés y desplazando al sector privado del acceso al crédito. Esto produce una caída en el consumo y la inversión privada. El incremento de la actividad pública se ve contrarrestado por la retracción del sector privado debido a los mayores costos financieros.
En caso de recurrirse a deuda externa, se puede observar una reactivación transitoria al consumir ahorro de otros países, pero a futuro, el mayor gasto en intereses exige nuevas fuentes de financiamiento para cubrir esos pagos y el capital prestado.
El financiamiento mediante emisión monetaria genera, en un primer momento, una sensación de mayor poder adquisitivo, pero la inflación resultante provoca una baja de los salarios reales y una posterior retracción del consumo. El efecto inicial puede ser un aumento de la actividad, pero en el mediano plazo surgen la inflación y la recesión o el estancamiento.
Consumo del capital
Otra alternativa consiste en financiar el gasto a partir del consumo de stock de capital.
El Estado puede derivar recursos destinados al mantenimiento de infraestructura hacia sectores que incrementan su consumo. Aquí no se produce un aumento real de la actividad, solo cambia el destino de los fondos. Se amplía la compra de bienes de consumo y disminuye la inversión en rubros estratégicos como rutas, trenes, energía o puertos.
Quienes comercializan bienes de consumo ven incrementadas sus ventas, pero quienes mantienen infraestructura pierden ingresos, generando además riesgos potenciales que pueden derivar en tragedias, como se ha visto en accidentes ferroviarios y viales.
El Estado puede derivar recursos destinados al mantenimiento de infraestructura hacia sectores que incrementan su consumo. Aquí no se produce un aumento real de la actividad, solo cambia el destino de los fondos
Por último, el gasto puede financiarse mediante confiscaciones, como sucedió con los ahorros en las AFJP. En este caso, el consumo y la actividad se incrementan temporalmente a expensas de un sector que, en el futuro, afrontará situaciones de vulnerabilidad, algo que ya ocurre actualmente con los jubilados.
Estos mecanismos demuestran que el aumento del gasto público no garantiza una mayor actividad económica en el corto plazo. Algunas veces simplemente provoca cambios en los bienes demandados, sin modificar la magnitud global de la demanda. En otras, puede estimular la economía transitoriamente, pero a costa de efectos negativos en el futuro.
Cuando el nivel de gasto se vuelve insostenible, surgen la recesión y la inflación. Llegada esa instancia, quienes proponen una reducción del gasto público suelen ser tildados de ortodoxos, aunque el objetivo es evitar crisis profundas que traigan más sufrimiento social.
En 2002, la gestión de Eduardo Duhalde recurrió a una fuerte devaluación. Algo similar hizo Javier Milei en 2023, lo cual provocó inflación y caída del ingreso real para licuar el gasto público. El costo social de ese ajuste resultó muy superior al de una baja sostenida y planificada del gasto.
El proceso de licuación del gasto desde diciembre de 2023 presenta serias dudas sobre su sostenibilidad. Casos como el conflicto en el Hospital Garrahan o el deterioro de las rutas nacionales reflejan las limitaciones de esa estrategia.
La baja del gasto, por sí sola, tampoco resulta efectiva si no se integra en un programa de política económica e institucional creíble, capaz de orientar la economía hacia el crecimiento. En 2002, la devaluación sólo alteró los precios relativos y recortó el gasto público vía inflación, pero no existió un plan de desarrollo. El escenario posterior fue favorable por la suba internacional de la soja, pero ese beneficio fue coyuntural, no producto de una estrategia interna.
Conclusión
Queda claro que resulta erróneo atribuir al aumento del gasto público una capacidad mágica para impulsar la economía. Su efecto depende de la forma de financiamiento y puede asemejarse a una droga que produce euforia inicial y consecuencias negativas a mediano y largo plazo.
Cuando llega el momento de afrontar los desequilibrios, las soluciones suelen ser traumáticas para la sociedad.
