El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que argumenta la permanencia en prisión de los acusados señala que existen otras conductas graves atribuidas a los imputados en procedimientos diferentes, más allá de los hechos específicos por los que serán enjuiciados en las próximas semanas. Además, se resalta que la inminente celebración del juicio y la gravedad de las condenas que enfrenta cada uno de los investigados agravan el riesgo de que puedan sustraerse a la acción de la justicia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular han solicitado al Tribunal Supremo que rechace las peticiones de puesta en libertad presentadas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el proceso por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Europa Press informó que ambos se encuentran desde el 27 de noviembre en el centro penitenciario de Soto del Real, tras la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente. El juez consideró necesario adoptar la medida atendiendo al riesgo “extremo” de fuga, la solidez de los indicios recabados contra los imputados, la cercanía del comienzo del juicio oral y las elevadas peticiones de encarcelamiento. Según publicó el medio, para la Fiscalía resulta imprescindible que Ábalos y García permanezcan en prisión provisional comunicada y sin fianza, en tanto que la medida evitaría que ambos puedan evadir el proceso judicial actualmente en curso.
Los escritos aportados al Supremo por acusaciones populares atribuyen “claramente intensificado” el peligro de fuga tras los últimos desarrollos procesales. Se destaca que la sala ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por los procesados, lo cual, según el PP citado por Europa Press, incrementa la probabilidad de que los acusados intenten eludir la justicia. Las defensas habían esgrimido el arraigo familiar y social de sus representados para solicitar la libertad provisional, pero tanto la Fiscalía como las acusaciones consideran que dichos vínculos no neutralizan el riesgo, dado que en pocos días dará inicio la vista oral y las penas reclamadas resultan especialmente elevadas.
Según detalló Europa Press, el Ministerio Público solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión. Para su exasesor Koldo García la petición alcanza los 19 años y medio de cárcel, ambos por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Además, el fiscal pide 7 años de prisión para Aldama, quien ya habría admitido los hechos atribuidos en la acusación.
En los documentos entregados por las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, se eleva la petición para Ábalos y García hasta 30 años de prisión para cada uno, según consignó Europa Press. Sin modificar la solicitud de pena contra Aldama, que coincide con la de la Fiscalía. Los escritos dirigidos al alto tribunal recalcan que la proximidad de la jornada inaugural del juicio oral añade presión sobre los acusados y aumenta el riesgo de que decidan eludir el proceso judicial.
Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Supremo ha fijado para el día 7 de abril el inicio del juicio oral, que comprenderá trece sesiones distribuidas en turnos de mañana y tarde. Los indicios recabados durante la fase de instrucción, aunados a la negativa judicial a los planteamientos de los acusados, configuran un contexto en el que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares consideran ineludible dar continuidad a la medida de prisión provisional para Ábalos y García.
La gravedad de los delitos imputados y la magnitud de las penas solicitadas se esgrimen como factores clave en los fundamentos de la Fiscalía y del PP, según consignó el medio. Ambos sostienen que, pese a las alegaciones de las defensas en relación con los lazos personales y sociales de sus representados, el riesgo de fuga permanece elevado. El argumento principal, de acuerdo al material revisado por Europa Press, es que la magnitud de las penas reclamadas y la cercanía del juicio constituyen incentivos suficientemente fuertes para que cualquiera de los imputados pueda intentar sustraerse al procedimiento.
También se refleja en los escritos el recordatorio de que, a pesar del tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión y las distintas alegaciones formuladas por los acusados, no han surgido elementos nuevos que permitan considerar la rebaja del riesgo de fuga. Así lo sostienen tanto la Fiscalía como las acusaciones lideradas por el PP, apoyándose en la secuencia de decisiones judiciales y en la persistencia de conductas que, en su valoración, justifican la continuidad de la prisión preventiva.
En suma, el proceso judicial continuará con los imputados bajo custodia y con la expectativa puesta en el desarrollo de la vista oral, en la que se dilucidarán las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados. Las posturas expresadas ante el Tribunal Supremo por el fiscal jefe de Anticorrupción y las acusaciones populares, según remarcó Europa Press, subrayan el convencimiento de que la prisión provisional sigue siendo la medida más adecuada para garantizar la comparecencia de los procesados ante la justicia.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que argumenta la permanencia en prisión de los acusados señala que existen otras conductas graves atribuidas a los imputados en procedimientos diferentes, más allá de los hechos específicos por los que serán enjuiciados en las próximas semanas. Además, se resalta que la inminente celebración del juicio y la gravedad de las condenas que enfrenta cada uno de los investigados agravan el riesgo de que puedan sustraerse a la acción de la justicia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular han solicitado al Tribunal Supremo que rechace las peticiones de puesta en libertad presentadas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el proceso por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Europa Press informó que ambos se encuentran desde el 27 de noviembre en el centro penitenciario de Soto del Real, tras la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente. El juez consideró necesario adoptar la medida atendiendo al riesgo “extremo” de fuga, la solidez de los indicios recabados contra los imputados, la cercanía del comienzo del juicio oral y las elevadas peticiones de encarcelamiento. Según publicó el medio, para la Fiscalía resulta imprescindible que Ábalos y García permanezcan en prisión provisional comunicada y sin fianza, en tanto que la medida evitaría que ambos puedan evadir el proceso judicial actualmente en curso.
Los escritos aportados al Supremo por acusaciones populares atribuyen “claramente intensificado” el peligro de fuga tras los últimos desarrollos procesales. Se destaca que la sala ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por los procesados, lo cual, según el PP citado por Europa Press, incrementa la probabilidad de que los acusados intenten eludir la justicia. Las defensas habían esgrimido el arraigo familiar y social de sus representados para solicitar la libertad provisional, pero tanto la Fiscalía como las acusaciones consideran que dichos vínculos no neutralizan el riesgo, dado que en pocos días dará inicio la vista oral y las penas reclamadas resultan especialmente elevadas.
Según detalló Europa Press, el Ministerio Público solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión. Para su exasesor Koldo García la petición alcanza los 19 años y medio de cárcel, ambos por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Además, el fiscal pide 7 años de prisión para Aldama, quien ya habría admitido los hechos atribuidos en la acusación.
En los documentos entregados por las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, se eleva la petición para Ábalos y García hasta 30 años de prisión para cada uno, según consignó Europa Press. Sin modificar la solicitud de pena contra Aldama, que coincide con la de la Fiscalía. Los escritos dirigidos al alto tribunal recalcan que la proximidad de la jornada inaugural del juicio oral añade presión sobre los acusados y aumenta el riesgo de que decidan eludir el proceso judicial.
Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Supremo ha fijado para el día 7 de abril el inicio del juicio oral, que comprenderá trece sesiones distribuidas en turnos de mañana y tarde. Los indicios recabados durante la fase de instrucción, aunados a la negativa judicial a los planteamientos de los acusados, configuran un contexto en el que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares consideran ineludible dar continuidad a la medida de prisión provisional para Ábalos y García.
La gravedad de los delitos imputados y la magnitud de las penas solicitadas se esgrimen como factores clave en los fundamentos de la Fiscalía y del PP, según consignó el medio. Ambos sostienen que, pese a las alegaciones de las defensas en relación con los lazos personales y sociales de sus representados, el riesgo de fuga permanece elevado. El argumento principal, de acuerdo al material revisado por Europa Press, es que la magnitud de las penas reclamadas y la cercanía del juicio constituyen incentivos suficientemente fuertes para que cualquiera de los imputados pueda intentar sustraerse al procedimiento.
También se refleja en los escritos el recordatorio de que, a pesar del tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión y las distintas alegaciones formuladas por los acusados, no han surgido elementos nuevos que permitan considerar la rebaja del riesgo de fuga. Así lo sostienen tanto la Fiscalía como las acusaciones lideradas por el PP, apoyándose en la secuencia de decisiones judiciales y en la persistencia de conductas que, en su valoración, justifican la continuidad de la prisión preventiva.
En suma, el proceso judicial continuará con los imputados bajo custodia y con la expectativa puesta en el desarrollo de la vista oral, en la que se dilucidarán las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados. Las posturas expresadas ante el Tribunal Supremo por el fiscal jefe de Anticorrupción y las acusaciones populares, según remarcó Europa Press, subrayan el convencimiento de que la prisión provisional sigue siendo la medida más adecuada para garantizar la comparecencia de los procesados ante la justicia.
