El Poder Judicial anuló la orden de prisión preventiva dictada contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, tras declarar fundada la apelación presentada por su defensa. Con esta decisión, la autoridad regional afrontará el proceso penal en libertad mientras continúan las investigaciones en su contra.
La resolución judicial deja sin efecto la medida restrictiva impuesta previamente en el marco del caso que involucra a la presunta organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. De acuerdo con lo dispuesto, Castillo Rojo no permanecerá privado de su libertad mientras se desarrollan las diligencias fiscales y judiciales correspondientes.
Investigación en libertad y retorno a funciones
Tras la anulación de la prisión preventiva, Ciro Castillo continuará siendo investigado bajo comparecencia en libertad. El fallo no implica el cierre del proceso ni una absolución, sino una variación en las medidas coercitivas aplicadas durante la etapa de investigación preliminar.
Asimismo, la decisión judicial habilita al gobernador regional a retomar sus funciones al frente del Gobierno Regional del Callao. Según lo establecido, Castillo Rojo podría reasumir el cargo a partir de este lunes 2 de febrero, al no existir una restricción legal vigente que le impida ejercer el puesto.
Caso “Los Socios del Callao”
El proceso contra el gobernador regional se enmarca en la investigación del caso “Los Socios del Callao”, conocido públicamente a finales de 2025. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas contra Castillo Rojo y otros implicados por una presunta organización criminal.
Según la tesis fiscal, el caso estaría relacionado con el presunto direccionamiento irregular de más de 60 contrataciones públicas realizadas durante el año 2023. Estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio económico superior a S/ 1,4 millones al Estado. Las investigaciones continúan a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes, mientras las autoridades judiciales evalúan el avance del proceso y las medidas aplicables a los investigados.
(Noticias en desarrollo)
