Las autoridades panameñas buscan establecer una regulación única, tendiente a la prohibición en los espacios públicos y privados, así como la publicidad y la promoción del uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco.
Para ello, los diputados de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional adelantan establecer una mesa técnica para discutir, afinar y unificar tres proyectos de ley que buscan regular estos productos.
Uno de los proyectos que está en el tapete es el 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina.
De la misma manera, se contempla el análisis del proyecto 347, que modifica la Ley 13 de 24 de enero de 2008, para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados.
En igual situación se encuentra el proyecto 467, referente al uso, comercialización, publicidad, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, bolsas para consumo oral, productos calentados para inhalación, líquidos de vapeo y sistemas similares sin nicotina, que modifica artículos de la Ley 45 de 1995 y dicta otras disposiciones.
El diputado Crispiano Adames, proponente del proyecto de ley 263, estimó que en estos momentos se tiene la gran oportunidad de condensar las tres iniciativas legislativas para producir una regulación firme, segura y sólida, que vaya en defensa de las futuras generaciones ante el uso del tabaco y de dispositivos como los cigarrillos electrónicos que, asegura, le hacen un notable perjuicio a la salud humana.
“Aprovechemos esta oportunidad para entrar a la regulación concreta, firme y decidida, no solamente con referencia a los menores de edad, sino a la prohibición en los espacios públicos, a los espacios privados, a la publicidad y a la promoción, y también de los beneficios solidarios que han de generarse con una ley que debe ir hacia la recaudación de impuestos particulares de vaporizadores, que no están tasados en este momento en nuestro derecho fiscal”, se destaca en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
Anteriormente, el país contaba con la Ley 315 que prohibía el uso y comercialización de estos productos, pero la misma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, posterior a una demanda presentada por la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, apoyada por la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, agrupaciones que alegaron el derecho a tener opciones al tabaco tradicional, entre otros aspectos.
Luego, en 2025 el Ministerio de Salud estableció un marco para regular, no prohibir, la comercialización de los cigarrillos electrónicos, su uso e importación, con énfasis en la protección de menores de edad.
Desde la Autoridad Nacional de Aduanas se dijo que una de las grandes preocupaciones de la entidad es el tema de los dispositivos o cigarrillos electrónicos.
“Sabemos que en el tema del contrabando de cigarrillos tenemos tareas por hacer, como lo es la trazabilidad. No estamos atacando al comercio, queremos que lo hagan de la mejor forma y que procuren la salud del pueblo panameño. Como ejecutores de las normas que respetan el derecho a la salud, se debe proteger a nuestra juventud”, afirmó Yoanny Prestán, jefa de Asesoría Legal de la citada entidad gubernamental.
Al ser parte de varios tratados internacionales, el país está obligado y conminado a establecer políticas de regulación sobre este tipo de productos.
Para hacerle frente al tabaquismo el Ministerio de Salud mantiene 52 clínicas de cesación de tabaco con atención gratuita para quienes muestran la necesidad de dejar de fumar.
Estas instalaciones cuentan con un equipo de salud mental compuesto por médicos, trabajadoras sociales, sicólogos, enfermeras y psiquiatras, debidamente entrenados para atender a los pacientes.
En mayo pasado la institución lanzó la segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos 2025, con el objetivo de conocer la realidad del consumo de tabaco en la población de 15 años y más en Panamá, cuyos resultados aún se desconocen.
Las autoridades panameñas buscan establecer una regulación única, tendiente a la prohibición en los espacios públicos y privados, así como la publicidad y la promoción del uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco.
Para ello, los diputados de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional adelantan establecer una mesa técnica para discutir, afinar y unificar tres proyectos de ley que buscan regular estos productos.
Uno de los proyectos que está en el tapete es el 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina.
De la misma manera, se contempla el análisis del proyecto 347, que modifica la Ley 13 de 24 de enero de 2008, para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados.
En igual situación se encuentra el proyecto 467, referente al uso, comercialización, publicidad, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, bolsas para consumo oral, productos calentados para inhalación, líquidos de vapeo y sistemas similares sin nicotina, que modifica artículos de la Ley 45 de 1995 y dicta otras disposiciones.
El diputado Crispiano Adames, proponente del proyecto de ley 263, estimó que en estos momentos se tiene la gran oportunidad de condensar las tres iniciativas legislativas para producir una regulación firme, segura y sólida, que vaya en defensa de las futuras generaciones ante el uso del tabaco y de dispositivos como los cigarrillos electrónicos que, asegura, le hacen un notable perjuicio a la salud humana.
“Aprovechemos esta oportunidad para entrar a la regulación concreta, firme y decidida, no solamente con referencia a los menores de edad, sino a la prohibición en los espacios públicos, a los espacios privados, a la publicidad y a la promoción, y también de los beneficios solidarios que han de generarse con una ley que debe ir hacia la recaudación de impuestos particulares de vaporizadores, que no están tasados en este momento en nuestro derecho fiscal”, se destaca en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
Anteriormente, el país contaba con la Ley 315 que prohibía el uso y comercialización de estos productos, pero la misma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, posterior a una demanda presentada por la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, apoyada por la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, agrupaciones que alegaron el derecho a tener opciones al tabaco tradicional, entre otros aspectos.
Luego, en 2025 el Ministerio de Salud estableció un marco para regular, no prohibir, la comercialización de los cigarrillos electrónicos, su uso e importación, con énfasis en la protección de menores de edad.
Desde la Autoridad Nacional de Aduanas se dijo que una de las grandes preocupaciones de la entidad es el tema de los dispositivos o cigarrillos electrónicos.
“Sabemos que en el tema del contrabando de cigarrillos tenemos tareas por hacer, como lo es la trazabilidad. No estamos atacando al comercio, queremos que lo hagan de la mejor forma y que procuren la salud del pueblo panameño. Como ejecutores de las normas que respetan el derecho a la salud, se debe proteger a nuestra juventud”, afirmó Yoanny Prestán, jefa de Asesoría Legal de la citada entidad gubernamental.
Al ser parte de varios tratados internacionales, el país está obligado y conminado a establecer políticas de regulación sobre este tipo de productos.
Para hacerle frente al tabaquismo el Ministerio de Salud mantiene 52 clínicas de cesación de tabaco con atención gratuita para quienes muestran la necesidad de dejar de fumar.
Estas instalaciones cuentan con un equipo de salud mental compuesto por médicos, trabajadoras sociales, sicólogos, enfermeras y psiquiatras, debidamente entrenados para atender a los pacientes.
En mayo pasado la institución lanzó la segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos 2025, con el objetivo de conocer la realidad del consumo de tabaco en la población de 15 años y más en Panamá, cuyos resultados aún se desconocen.