Una reciente inspección realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) evidenció que la mayoría de los comercios que ofrecen vehículos usados a través de plataformas digitales en Costa Rica incumplen la normativa de protección al consumidor, principalmente en materia de publicidad y transparencia de la información, lo que podría derivar en sanciones económicas millonarias.
De acuerdo con los resultados del operativo, el 75% de los negocios fiscalizados presentó al menos una irregularidad. En total, se revisaron 16 comercios que comercializan vehículos usados por medio de sitios web y redes sociales, de los cuales 12 incurrieron en incumplimientos, mientras que solo cuatro lograron acatar completamente la normativa vigente.
El proceso de fiscalización se llevó a cabo entre el 2 y el 17 de diciembre de 2025 y permitió identificar un total de 26 infracciones.
Como resultado inmediato de la inspección, el MEIC emitió 12 prevenciones administrativas para que los comercios corrigieran las irregularidades detectadas en su publicidad.
Sin embargo, únicamente la mitad de los negocios atendió el requerimiento y realizó los ajustes dentro del plazo establecido. Las otras seis empresas que no respondieron a la prevención fueron denunciadas ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), instancia encargada de imponer sanciones cuando se comprueban violaciones a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Según lo establece el artículo 57 de la Ley N.° 7472, las empresas que incumplan la normativa podrían enfrentar multas que oscilan entre ₡4,622,000 y ₡18,488,000,es decir desde unos $8,500 hasta $37,000, dependiendo de la gravedad de la infracción y de otros criterios establecidos por la legislación.
Además de las sanciones económicas, los comercios podrían verse obligados a corregir sus prácticas publicitarias y a brindar información más clara y completa a los consumidores.
El análisis efectuado por el MEIC abarcó diversos aspectos relacionados con la publicidad de vehículos usados en entornos digitales. Entre los criterios evaluados se incluyeron el uso de términos como “seminuevo”, la claridad y veracidad de la información ofrecida, la legibilidad de los anuncios, la inclusión de datos sobre garantías, condiciones y restricciones, así como la correcta aplicación de la publicidad comparativa y los precios de oferta.
Uno de los principales focos del operativo fue la transparencia en los sistemas de financiamiento, un aspecto que, según el MEIC, concentró la mayor cantidad de incumplimientos.
La autoridad detectó que varios comercios ofrecían vehículos con opciones de financiamiento sin detallar información clave exigida por la normativa. El artículo 39 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que, en estos casos, los anuncios deben incluir al menos el precio de contado, el plazo expresado en meses, la tasa de interés nominal, la tasa de interés total anual y el monto total a pagar al finalizar el plazo.
La ausencia de estos datos impide que los consumidores comparen adecuadamente las ofertas disponibles en el mercado y tomen decisiones informadas, especialmente en transacciones de alto valor como la compra de un vehículo.
Por ello, el MEIC subrayó la importancia de que los comercios digitales cumplan estrictamente con las obligaciones de información, particularmente cuando se promocionan facilidades de crédito.
El operativo también permitió identificar los principales canales utilizados para la comercialización de vehículos usados. Según el informe, 11 de los comercios inspeccionados utilizaban sitios web propios para ofrecer sus unidades, mientras que cinco recurrían a la red social Facebook como plataforma principal de venta y promoción.
Entre las empresas fiscalizadas figuran Tico Cars, KAutos (Kore Autos de Costa Rica), Grupo Motores Británicos – Vehículos Usados, Victory Motors, Luxury Car, Autos Usados Inchcape, Multiautos y Price Auto Sales, entre otras. El MEIC aclaró que la inclusión de estos nombres responde únicamente al proceso de fiscalización y no implica, en todos los casos, la aplicación automática de sanciones.
Con estas acciones, el Ministerio busca reforzar la protección de los consumidores que adquieren vehículos usados por medios digitales, un mercado que ha crecido de forma sostenida en los últimos años. La institución reiteró que los compradores tienen derecho a recibir información clara, veraz y suficiente antes de concretar una transacción, y recordó a los comercios la obligación de ajustar sus prácticas publicitarias a lo establecido por la ley.
