Organizaciones civiles han cifrado en cerca de 7.800 la cantidad de civiles no combatientes muertos y casi 30.400 las personas arrestadas por el régimen militar de Birmania en los cinco años que han transcurrido desde el golpe de Estado. Según detalló el medio El País, la situación humanitaria y política del país asiático se ha agravado desde el levantamiento militar de 2021, generando consecuencias para la población y desatando alarma internacional por las condiciones internas y el impacto regional.
Datos reunidos por la ONG ACLED ubican el total de muertos durante el conflicto en casi 90.000 desde el inicio de los enfrentamientos, explicó El País. Esta violencia sostenida surge en un contexto de resistencia armada al régimen, en el que confluyen grupos de autodefensa y organizaciones insurgentes de larga trayectoria que, además de oponerse a la junta, mantienen reivindicaciones identitarias. La fragmentación nacional ha aumentado en el marco del conflicto, favoreciendo un ambiente de inestabilidad que afecta a amplios sectores de la población civil.
La junta militar, liderada por el general Min Aung Hlaing, sostiene que ha fortalecido su autoridad gracias a unas recientes elecciones, en las que su Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) obtuvo una victoria contundente, reportó El País. El gobierno civil derrocado en 2021 mantiene su accionar en el exilio, con la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, permaneciendo detenida. Los esfuerzos internacionales para revertir la crisis, principalmente impulsados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), no han concluido en progresos efectivos, según publicó el medio español.
En paralelo, persisten causas abiertas en el terreno judicial internacional. La Corte Internacional de Justicia examina una denuncia de genocidio contra Birmania debido a la persecución sistemática realizada por el ejército contra la minoría rohingya en el año 2017, lo que desembocó en la expulsión de cientos de miles de personas hacia Bangladesh. En relación con los hechos posteriores al golpe, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional elevó en noviembre de 2024 una solicitud de arresto contra Min Aung Hlaing por presuntos crímenes contra la humanidad, aunque hasta ahora, según informó El País, los jueces no han emitido una resolución pública sobre el caso.
Grupos étnicos armados, entre ellos el Ejército de Independencia Kachin (KIA) y el Ejército Arakan (AA), junto con grupos de autodefensa popular como las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), han logrado mantener focos de oposición en regiones como Sagaing, Magwe, Kachin, Rajine y Shan. El País destaca que la combinación de resistencia local y grupos insurgentes históricos ha complicado la posición de la junta, enfrentada a ofensivas militares y pérdida de control territorial en algunas zonas.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de desplazados internos ha ascendido desde cerca de 300.000 a 3,6 millones tras el golpe, en tanto que 16,2 millones de personas, equivalentes a un tercio de la población, necesitan asistencia humanitaria. El medio español consignó que la población birmania actualmente enfrenta tanto la violencia derivada de la guerra como desastres naturales de gran magnitud: el terremoto registrado en marzo del año pasado provocó más de 5.500 víctimas fatales y evidenció que las autoridades militares no pueden gestionar catástrofes de esa escala de forma eficaz.
La crisis también ha propiciado el incremento de actividades ilícitas. Human Rights Watch (HRW), citada por El País, asegura que la trata de personas, la proliferación de centros de estafa, la explotación no regulada de recursos y la producción de drogas han experimentado un alza desde el golpe. Una parte relevante de estas actividades ilegales procede de centros de estafa situados en la frontera con Tailandia, los cuales, dirigidos por organizaciones criminales internacionales lideradas por ciudadanos chinos, se apoyan en prácticas de trabajo forzado y tortura para ejecutar estafas vinculadas a una industria multimillonaria regional.
Los ataques militares han ganado en intensidad y sofisticación. Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional para Birmania, informó a El País que los bombardeos y el empleo de drones por parte de la junta incrementaron su frecuencia durante 2025. De acuerdo con sus palabras, “estos últimos cinco años son un desolador ejemplo de la fallida estrategia del Ejército birmano para imponer su control mediante el asesinato y el terror a la población civil”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó en un comunicado divulgado por su portavoz adjunto, Farhan Haq, su “profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación” en Birmania y por las consecuencias graves en la región. Guterres advirtió sobre el incremento de delitos transnacionales, desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria severa, inestabilidad económica y un aumento de la violencia, subrayando que persisten ataques aéreos militares contra civiles, detalló El País.
Guterres exhortó a la comunidad internacional y regional a unirse para fomentar una solución integral que aborde las raíces del conflicto birmano, requiriendo el cese de la impunidad, el respeto del Derecho Internacional y el acceso sin obstáculos de organismos humanitarios para proveer servicios esenciales a la población vulnerable.
En cuanto a las elecciones organizadas recientemente por el régimen, Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que el proceso electoral promovido por los militares solo ha acentuado la violencia y la polarización social. El representante de la ONU sostuvo que “después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo”. Además, denunció la intensificación de la represión política, detenciones arbitrarias, reclutamientos forzosos, vigilancia a gran escala y las restricciones al espacio cívico, agregando que el actual intento del ejército por consolidarse mediante el uso de la violencia y la imposición del voto está completamente alejado de los estándares de un gobierno civil, según consignó El País.
