Las previsiones apuntan a que más de 600.000 contratos de alquiler firmados en 2021 finalizarán este año y verán potencialmente aumentos de renta que sobrepasen el índice de precios al consumidor, lo que podría equiparar los importes con los actuales precios de mercado, considerablemente más elevados. En este contexto, Sumar ha propuesto al Gobierno prorrogar los contratos de alquiler, limitando los incrementos a la variación del IPC, con el objetivo de evitar desalojos masivos y proteger a los inquilinos de aumentos excesivos. La medida, defendida por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, busca delimitar las subidas de renta exclusivamente al aumento del IPC, que actualmente se sitúa alrededor del 2,9%, según detalló Bustinduy en una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press.
De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la propuesta de Sumar consiste en una prórroga automática de los contratos de alquiler próximos a vencer. Bustinduy explicó que la intención de su formación es establecer un mecanismo legal que obligue a los propietarios a renovar los contratos en las mismas condiciones, impidiendo subidas que superen la inflación. Esta propuesta pretende dar tranquilidad a los inquilinos en un momento en el que la recuperación del mercado del alquiler ha supuesto incrementos superiores al IPC habitual.
Actualmente, la ley establece que los contratos de arrendamiento tienen una duración mínima de cinco años y permiten ajustes de renta conforme al índice pactado, que suele ser el IPC. Sin embargo, añadió Europa Press, tras cinco años, los contratos pueden ajustarse libremente al nuevo precio de mercado. Muchos de los acuerdos que expirarán durante el año se firmaron antes de que la oferta limitada y otros factores hicieran aumentar los precios. Bustinduy advirtió que esas revisiones a precios de mercado provocarían que muchas personas deban abandonar sus viviendas.
El titular de Derechos Sociales defendió la constitucionalidad de la propuesta de Sumar y expresó su desacuerdo con la alternativa planteada por el PSOE, que sugiere aplicar una bonificación del 100% del IRPF sobre los beneficios obtenidos por alquiler para los propietarios que decidan no aumentar la renta a sus inquilinos. Según la explicación recogida por Europa Press, Bustinduy rechazó la medida apuntando que las bonificaciones se financian con recursos públicos y benefician únicamente a quien ya es propietario. “El mensaje que estás mandando con esa medida es que en España por trabajar pagas impuestos, por invertir pagas impuestos, pero por recibir rentas del alquiler no pagas impuestos. Es un mensaje que yo creo que no es correcto”, afirmó el ministro, según la entrevista publicada por Europa Press.
Bustinduy aportó datos sobre la situación actual del mercado: aproximadamente un 25% de la población reside en viviendas de alquiler y el 75% en viviendas en propiedad. De aquellas personas propietarias, entre un 5% y un 10% posee más de una vivienda y decide ofertarla en alquiler, pero la mayoría son pequeños propietarios, precisó el titular de Derechos Sociales y reportó Europa Press.
El debate sobre el alquiler en España también abordó el papel de los fondos de inversión. “La vivienda en España, en el mercado inmobiliario, se ha convertido en un zoco de especulación donde fondos buitre y fondos internacionales de capital riesgo han invertido masivamente para obtener el mayor rendimiento, el mayor beneficio económico posible en el menor plazo posible”, expuso Bustinduy, según recogió Europa Press. Este fenómeno ha sido señalado por Sumar como uno de los factores que han impulsado una subida generalizada de los alquileres en los últimos años.
Mientras Sumar centra su propuesta en la seguridad de los inquilinos y la limitación de los incrementos al IPC, el PSOE defiende apoyar fiscalmente a los propietarios para contener las subidas. Este desencuentro, según publicó Europa Press, marca una diferencia estratégica en el seno del Gobierno sobre cómo enfrentar el acceso y la asequibilidad del alquiler en el país. Sumar mantiene la exigencia de proteger a miles de familias frente al impacto de los precios de mercado, que estiman podría provocar una cifra considerable de desalojos en los próximos meses si no se aprueba una protección legislativa más estricta.