La región del Catatumbo, en Norte de Santander, registró durante 2025 una de las crisis humanitarias más extensas de las últimas décadas, de acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo y divulgado por El Espectador.
El documento da cuenta del impacto que tuvieron los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura identificada como parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Según el informe titulado Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz, la confrontación se intensificó a partir del 16 de enero de 2025, fecha en la que se rompió el equilibrio armado que existía entre ambos grupos ilegales.
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La Defensoría calificó estos hechos como un evento de “consecuencias sin precedentes por su masividad y corto tiempo de ejecución”, debido al número de personas afectadas en un lapso reducido.
El documento fue presentado en Tibú por la defensora del Pueblo, Iris Marín, y analiza los impactos humanitarios ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025. Durante su intervención, Marín señaló que el informe buscaba recoger las voces de las comunidades afectadas y documentar los efectos prolongados de la violencia en la vida cotidiana de la región.
“Hoy cumplimos el primer de esos hechos. Unos hechos que marcan la historia no solo del Catatumbo, marcan la historia de nuestro país”, expresó la defensora durante la presentación. También indicó que, pese a una reducción frente a los picos iniciales de violencia, la situación humanitaria continúa generando “extrema preocupación”.
De acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) citados en el informe, 105.203 personas fueron reconocidas como víctimas directas del conflicto armado en el Catatumbo durante ese periodo. La mayor afectación correspondió al desplazamiento forzado, con 101.587 personas obligadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas junto a núcleos familiares completos.
Además del desplazamiento, la Defensoría documentó 7.777 personas amenazadas de muerte y 3.772 ciudadanos sometidos a confinamiento, situación que les impidió salir de sus viviendas para acceder a alimentos, atención médica u otros servicios básicos. Estas restricciones se concentraron principalmente en áreas rurales y cascos urbanos bajo control armado.
El informe señala que el detonante de la escalada fue el asesinato de la familia López Durán, hecho que agravó las tensiones existentes entre el ELN y el Frente 33. “Los enfrentamientos comenzaron en el sector del kilómetro 25 del municipio de Tibú y se extendieron en distintas áreas del territorio”, describe el documento, que también reporta homicidios, retenciones forzadas y cuerpos abandonados en vías públicas. Entre las primeras víctimas se contaron cinco firmantes del Acuerdo de Paz.
Tras esos hechos, el Frente 33 difundió un comunicado en el que afirmó: “Este ataque no quedará impune. Vamos a defendernos con toda la fuerza que tenemos”. La respuesta armada derivó en desplazamientos masivos realizados en motocicletas, caravanas improvisadas, buses, camiones y, en algunos casos, evacuaciones aéreas.
La Defensoría explicó que la confrontación significó la ruptura de un pacto informal de no agresión que había permitido durante años una coexistencia armada basada en el reparto de rentas ilegales. El informe identifica el control del narcotráfico como el principal motor del conflicto y lo define como el “combustible” de la guerra en la región.
Uno de los capítulos del documento está dedicado al uso de drones con explosivos. Según el reporte, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con estos dispositivos, de los cuales 275 ocurrieron en 2025. Estas acciones dejaron 2 menores de 18 años muertos, 24 integrantes de la fuerza pública fallecidos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.
La Defensoría resume este escenario con la frase: “las bombas caen del cielo y las minas estallan en el suelo”, al describir la combinación de ataques aéreos improvisados y artefactos explosivos terrestres. El informe relata cómo las comunidades adaptaron rutinas diarias para reducir riesgos, incluyendo refugios improvisados dentro de las viviendas.
El municipio de Tibú fue identificado como el epicentro de la crisis. Solo en la primera semana tras el estallido del 16 de enero, 28.848 personas, equivalentes a cerca de la mitad de su población, quedaron confinadas. El documento señala que este encierro forzado generó desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
Finalmente, la Defensoría incluyó registros sobre afectaciones a mujeres y menores de edad, entre ellas prácticas de violencia sexual descritas como “pagar con el cuerpo”, así como el reclutamiento forzado de niños y niñas en zonas rurales del Catatumbo.