El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia bonaerense para denunciar que fue extorsionado por el empresario Leandro Camani y dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes impulsan las investigaciones contra las autoridades de la entidad deportiva.
En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.
El denunciante, a través de su abogado Gregorio Dalbón, relató ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que el conflicto se originó por su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
El documento presentado explicó que Leandro Camani, a través de la firma Secutrans S.A., buscaba ampliar su dominio en el sistema de recaudación por infracciones viales en la provincia de Buenos Aires.
Según el escrito, Camani había requerido oficialmente que se le permitiera instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE. Para Tapia, autorizar el negocio significaba manejar un flujo de fondos estatal de alto impacto. Frente a este pedido, respondió con una negativa total. “Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, planteó Tapia en la presentación.
A partir de entonces, las gestiones presuntamente legítimas fueron reemplazadas por presiones y mensajes intimidatorios, continuó el presidente de la AFA en su relato. Según la denuncia, Camani habría amenazado -a través de intermediarios- con que si no se aprobaba el negocio, se lanzarían falsas denuncias penales en su contra.
“El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial”, continuó Tapia.
Esa represalia en tribunales que menciona la máxima autoridad del fútbol argentino son las causas que aparecieron en su contra en los últimos meses, y que tuvieron su origen con la denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes develaron las sospechas sobre una mansión en Pilar que, presuntamente, fue comprada por dos testaferros.
Precisamente, este expediente en el que Tapia denunció las presiones espurias es una investigación paralela contra Yofe por otro caso de extorsión. En esta causa, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al referente de la CC.
Tapia señaló a Yofe y Del Gaiso como ejecutores instrumentales de una estrategia diseñada por Camani, a quien mencionó como el organizador y potencial beneficiario económico de la maniobra.
“Lo que se denunció no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada, con una secuencia clara: un pedido económico concreto, una negativa legítima y, como represalia, la activación coordinada de denuncias penales y una operación mediática destinada a presionar y condicionar decisiones institucionales”, explicó tras la denuncia Gregorio Dalbón, en diálogo con Infobae.
Además, el presidente de la AFA destacó la gravedad de ciertas prácticas utilizadas contra él, como la grabación de domicilios particulares mediante el uso de drones y la exhibición de esas imágenes en televisión. Consideró que estas acciones invadieron su privacidad y expusieron a su grupo familiar con el objetivo de generar temor y desgaste institucional.
Como parte de su presentación, “Chiqui” Tapia solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar sus dichos: pidió allanar los domicilios y oficinas de Camani, Yofe y Del Gaiso, para secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que permitan reconstruir las comunicaciones y la planificación de la presunta extorsión.
Asimismo, requirió pericias informáticas sobre los equipos que se incauten para analizar mensajes, correos electrónicos y registros de ubicación.
Tapia ofreció el testimonio de dos personas que habrían presenciado las amenazas o actuado como intermediarios de los mensajes intimidatorios. Solicitó que estos testigos declaren bajo identidad reservada debido al temor a represalias por la gravedad de los sucesos.
“Cuando el sistema penal y la exposición pública se utilizan como herramientas de presión, deja de ser un conflicto político o mediático y pasa a ser un problema jurídico grave. Por eso decidimos llevar todo al ámbito que corresponde: la Justicia, donde cada conducta deberá ser analizada y cada responsabilidad, determinada”, concluyó Dalbón.
