Durante meses, empresarios, comerciantes, opositores políticos y empleados municipales describieron el mismo patrón en Tequila, Jalisco: visitas oficiales que terminaban en amenazas, policías que operaban como cobradores y decisiones de gobierno usadas como castigo.
Hoy, ese esquema es el que la Fiscalía General de la República (FGR) coloca en el centro de su acusación contra el presidente municipal Diego Rivera Navarro, a quien señala de convertir la alcaldía en una plataforma para secuestros, extorsiones y control político, con la presunta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión integrada por la FGR, y consultada por Latinus, la estructura criminal con la que operaba el alcalde de Tequila incluía a policías, integrantes de su gabinete y personajes señalados en Estados Unidos por vínculos con el CJNG.
“(Diego ”N”) usa la fuerza del gobierno para la ejecución de sus fines delictivos (…) hablamos de la fusión de la criminalidad con el poder político”, se lee en la solicitud de aprehensión que se hizo a un juez el pasado 30 de enero y que fue cumplimentada este jueves 5 de febrero.
¿Qué revela el expediente?
Según consta en el expediente, diversos testimonios recogidos por la FGR dan cuenta de la forma en que Rivera Navarro y su círculo cercano actuaron en su esquema criminal.
Uno de los testimonios reunidos por la Fiscalía proviene de un comerciante que relató cómo Diego Rivera Navarro, acompañado por colaboradores y policías municipales, ingresó a su establecimiento para exigirle pagos semanales bajo amenaza, mostrando armas de fuego.
Según la denuncia, le advirtieron que, en caso de no cumplir con las cuotas, sería privado de la libertad. El comerciante facilitó a las autoridades números de teléfono, ubicaciones de casas de seguridad e identificó a funcionarios municipales y operadores que habrían participado en el esquema de extorsión por sus alias.
En otro apartado del expediente, dos personas que se identificaron como excandidatos de Morena en 2021 describieron que fueron levantados por la fuerza, encapuchados y golpeados. Posteriormente, los trasladaron a casas de seguridad, donde les exigieron firmar la renuncia a sus candidaturas bajo amenazas de muerte. Ambos señalaron directamente al alcalde como el responsable.
La FGR también integró el testimonio de un comerciante de artesanías, quien declaró que, tras la llegada de Rivera a la alcaldía, su local fue clausurado y posteriormente comenzó a ser extorsionado.
Inicialmente, le solicitaron 50 mil pesos para reabrir el negocio y luego cuotas mensuales de 20 mil pesos. Cuando no logró cubrir uno de estos pagos, el testigo sufrió agresiones físicas, daños materiales y amenazas. Otros afectados denunciaron extorsiones de hasta 150 mil pesos.
¿Quiénes participaron en la red?
La investigación identifica a las piezas clave en la red de secuestro y extorsión presuntamente dirigida por Diego Rivera Navarro. Los testimonios y el expediente judicial señalan a:
- Diego Rivera Navarro: Presidente municipal de Tequila, señalado como líder de la red y responsable de coordinar las acciones delictivas.
- Juan Gabriel “N”: director de Catastro y Predial
- Diego “N”: Jefe de Gabinete dentro del ayuntamiento
- Juan “N”: Director de Seguridad Pública
- Julio N: se desconoce puesto
- Severo N (“El Rey Mago”): Policía señalado por la FGR y autoridades estadounidenses por su presunta colaboración con el CJNG desde 2022.
- Francisco Javier “Faraón”
- Esposa de Diego Rivera Navarro: Mencionada en una denuncia anónima como parte del círculo cercano al alcalde y posible participante en acciones de intimidación.
- Escoltas y policías municipales: Varios elementos señalados por su intervención directa en amenazas, cobros y actos de violencia contra las víctimas.
El Rey Mago y el nexo con el CJNG
El caso adquiere dimensión al incorporar el perfil de Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”, quien se convirtió en una de las figuras más señaladas de la seguridad pública en Jalisco tras aparecer en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del CJNG.
Originario de Tequila, Jalisco, Flores Mendoza ejerció durante más de una década cargos públicos en la región Valles, llegando a coordinar a los jefes de la policía en una zona estratégica conocida como “El Triángulo Dorado” de Jalisco, que abarca partes de Guadalajara, Manzanillo y Puerto Vallarta, principal área de influencia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El señalamiento internacional surgió en junio de 2022, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro lo acusaron de proveer información judicial y protección al CJNG a cambio de sobornos, quedando en la mira del FBI y la DEA.
La región bajo su coordinación ha sido escenario de un incremento de desapariciones, decomisos y extorsiones durante la última década. Ahí se han identificado “narcocampamentos” donde el CJNG recluta y entrena a jóvenes para unirlos a sus filas.
En el ámbito local, Flores Mendoza reprobó un examen de control de confianza en 2014, hecho que, según las autoridades estatales, derivó en restricciones y evaluaciones periódicas cada seis o doce meses, aunque permaneció en funciones. Hasta junio de 2022 no existían carpetas de investigación en su contra en México, cuando fue separado de su cargo.
Del ascenso a la caída: el perfil de Diego Rivera Navarro
La llegada de Diego Rivera Navarro a la presidencia municipal de Tequila en octubre de 2024 marcó el fin de una etapa de dominio político del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la localidad.
Su postulación se dio bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En sus primeras intervenciones públicas, Rivera Navarro aseguró que la administración respondería a los principios de honestidad y transparencia que enarbola su partido.
El inicio de su gestión estuvo marcado por polémicas en el plano económico y social. La tequilera José Cuervo presentó denuncias ante la fiscalía estatal por cobros excesivos de predial y multas cuantiosas, mientras el ayuntamiento argumentó supuestas faltas administrativas. Otras empresas, incluidas hoteles y destilerías, reportaron extorsiones y presiones en trámites municipales.
En el ámbito cultural, la clausura del Museo Nacional del Tequila para vivir en él, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), derivó en acusaciones por modificaciones ilegales y apropiación indebida de un bien público.
Internamente, la administración fue señalada por acoso político y violencia de género —según denuncias de regidoras de Morena y PRI en diciembre de 2025— y por despidos injustificados que afectaron a más de 250 familias. Además, empleados del ayuntamiento denunciaron la imposición de uniformes partidistas, lo que agudizó el clima de enfrentamiento político.
En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado por la fiscalía estatal a raíz de la proyección de imágenes de “El Mencho” en un evento musical, hecho que contribuyó a intensificar las sospechas sobre supuestos vínculos con el CJNG.
El desenlace de esta etapa se produjo este 6 de febrero de 2026, con la detención de Diego Rivera Navarro y su ingreso al penal en el Altiplano, donde se espera que en las próximas horas se le imputen cargos.