Sin pretenderlo, Txema Escorsa, profesor de 33 años, se ha convertido en un experto en vivienda. Conoce perfectamente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sigue de cerca cada nuevo decreto. Ha aprendido por necesidad, porque lleva más de dos años luchando para que el fondo de inversión New Amsterdam Developers no le eche de la casa en la que vive de alquiler desde hace una década en el barrio de Gràcia, en Barcelona. La empresa compró el edificio en 2023 y desde entonces comunicó a los inquilinos que no les renovaría los contratos, ya que su objetivo es “echarlos para reformar los pisos y alquilarlos por habitaciones”. Txema paga actualmente 775 euros al mes por su piso de unos 60 metros cuadrados, pero el fondo pide ahora hasta 1.000 euros por cada habitación.
Desde que New Amsterdam Developers anunció que no renovaría los contratos de alquiler, la incertidumbre se apoderó del edificio. Varios vecinos con hijos optaron por irse para evitar un posible desalojo en plena etapa escolar, mientras que otros decidieron resistir. “Los apartamentos reformados se ofrecen ahora por habitaciones, con precios que oscilan entre 840 y 1.000 euros cada una, lo que permite a la empresa ingresar hasta 3.000 euros por piso. A nosotros nos dijeron que no encajamos en el perfil de vecinos que buscan, porque manejan otro modelo de negocio”, explica a Infobae España este profesor interino de un instituto de secundaria. Advierte que, con su sueldo, no puede acceder a otra vivienda en Barcelona, una de las ciudades más caras del país, tanto para alquilar como para comprar vivienda, con una media de 5.500 euros el metro cuadrado.
Los vecinos de este bloque, ubicado en la calle Sant Agustí 14, también han denunciado la ejecución de las obras por parte del fondo de inversión sin la debida autorización municipal, hecho que el propio Ayuntamiento de Barcelona ratificó tras una inspección, aunque aseguran que las intervenciones han continuado. “Es una lucha a contracorriente con varios frentes”, señala Txema. Aparte de este edificio, New Amsterdam Developers ha adquirido una decena de bloques en Barcelona para hacer colivings.
La lucha en los tribunales
De los 11 pisos con los que cuenta el edificio de San Agustì 14, dos están vacíos y cuatro han sido reformados, mientras que en los cinco restantes los vecinos han decidido plantar acara al fondo de inversión, quedarse en casa fuera de contrato y seguir pagando el alquiler. Tres de esos vecinos tienen procesos judiciales activos y, de hecho, este martes por la mañana Txema tiene que acudir a juicio.
“Vamos a ver qué ocurre, porque hay posibilidades de que nos den la razón, pero también sabemos que la justicia muchas veces falla a favor de los propietarios… veremos si hay sentencia o si se puede recurrir. Lo que sí tenemos claro es que seguiremos luchando para que cambien las leyes y no tengamos que irnos de nuestros barrios obligados”, relata el joven, al que respalda el Sindicato de Inquilinas de Cataluña, que lo acompañará en los tribunales.
Gentrificación en Barcelona
En los últimos años Txema ha sido testigo del proceso de gentrificación que vive el barrio de Gràcia, al igual que otros muchos en Barcelona, con el crecimiento de alojamientos turísticos, la llegada de residentes de alto poder adquisitivo y la desaparición de tiendas y comercios tradicionales, lo que debilita el tejido social y termina expulsando a los vecinos. “Ahora por las calles del barrio solo ves hostels de alquiler temporal, taquillas para maletas y cafés de especialidad con carteles únicamente en inglés. Parece que tenemos que asumir que no podemos seguir viviendo en el lugar donde hemos construido una vida durante años, pero no podemos marcharnos todos, lo que [los gobiernos] deben hacer es prohibir la venta especulativa”, sentencia.
La incertidumbre que genera un posible desahucio también repercute en la salud mental de quienes lo enfrentan, pues al final “se trata de no poder proyectar tu vida, tu futuro”, resume Txema, que reconoce haber experimentado episodios de estrés y ansiedad desde que comenzó el conflicto.
Desde los sindicatos de inquilinas denuncian que actualmente hay más de un millón de personas en España en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas por sus caseros y alertan del negocio del rentismo, “extremadamente rentable, consiste precisamente en echar a un inquilino para alquilar de nuevo un 30% o un 50% más caro”.
Críticas a las medidas anunciadas por el Gobierno
Estas mismas organizaciones que luchan por lograr que la vivienda sea un derecho critican las recientes medidas con las que el Gobierno central pretende poner fin a la especulación, que consisten, principalmente, en una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler y una limitación de los contratos de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento. Los sindicatos consideran que ese decreto-ley «no va a solucionar el problema de la vivienda», que ya se ha convertido en la principal preocupación de la población en España.
“La bonificación del IRPF supone premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos y no va a frenar esta dinámica. Para proteger a los inquilinos y garantizar la estabilidad de sus contratos de alquiler es imprescindible que se lleven a cabo medidas encaminadas a que esos contratos sean indefinidos”, o de muy larga duración, como sucede en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria, explican. Además, añaden los sindicatos, la medida no es obligatoria “y permite al casero elegir entre la bonificación, subir la renta o expulsar al inquilino”.
Los sindicatos recuerdan además que algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en el nuevo decreto ley ya estaban incluidas en una propuesta de ley que estas organizaciones presentaron hace un año y medio para regular los contratos de temporada y de habitaciones. La iniciativa impulsada por estas organizaciones, que cuenta con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, -además del PSOE y PNV, que se sumaron el pasado noviembre- “ofrece protecciones contra las subidas abusivas del alquiler y fraudes”, aunque aún debe pasar por el Senado y una votación final en el Congreso, previsiblemente en febrero, para ser definitiva.
El objetivo de esta propuesta, sostienen los sindicatos, es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que se regulen los alquileres de temporada y habitaciones que quedaron fuera de la LAU, e incorpora una prórroga de tres años a los contratos ubicados en zonas tensionadas. Sin embargo, advierten, esta protección solo afectaría a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias.
