El desbaratamiento de un complot narco que habría tenido por objeto atentar contra importantes figuras públicas de la provincia de Entre Ríos —entre ellas el juez federal de Paraná con competencia electoral, Leandro D. Ríos, profesor de nuestra Universidad— no puede ser leída como un episodio policial más. Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional.
Cuando el crimen organizado dirige sus amenazas contra funcionarios judiciales, lo que se pone en riesgo no es solo la integridad personal de quienes ejercen la función pública. Lo que se intenta afectar es la estructura misma del Estado de Derecho.
El Poder Judicial constituye uno de los pilares del sistema republicano. Su misión es garantizar la vigencia de la Constitución, asegurar el respeto por la ley y controlar la legalidad de los actos públicos. En el caso de los magistrados con competencia electoral, la responsabilidad es aún más sensible: custodiar la transparencia de los procesos comiciales y preservar la expresión auténtica de la voluntad popular. Cualquier intento de intimidación contra un juez federal con competencia electoral debe interpretarse, por lo tanto, como una amenaza al funcionamiento del sistema democrático.
Las organizaciones criminales de carácter narcotraficante no se limitan a la actividad ilícita económica. Allí donde buscan expandirse, procuran erosionar instituciones, condicionar decisiones públicas y sembrar temor entre quienes deben aplicar la ley. La intimidación a magistrados es una estrategia conocida: instalar la idea de que la función judicial puede ser vulnerada por la violencia.
Por otra parte, la independencia judicial no es un privilegio corporativo. Es una garantía de los ciudadanos. Sin jueces independientes no hay protección efectiva de derechos, ni control del poder, ni elecciones confiables. La fortaleza de una república se mide, en gran parte, por la capacidad de sus instituciones para resistir presiones ilegítimas.
Desde nuestra Facultad entendemos que acompañar a quienes integran las competencias comiciales no implica asumir una posición partidaria. Implica reafirmar principios que trascienden coyunturas políticas: legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y ética pública. Son esos valores los que sostienen la credibilidad de los procesos electorales y, en definitiva, la legitimidad del sistema democrático.
Corresponde, entonces, expresar el más profundo rechazo ante la inaceptable situación registrada y manifestar nuestro incondicional apoyo hacia los funcionarios afectados, especialmente hacia el juez federal con competencia electoral Leandro D. Ríos, profesor de nuestra casa de estudios.
Defender su independencia es defender la vigencia de la Constitución. Defender la integridad de quienes garantizan la transparencia electoral es defender el principio mismo de soberanía popular. En una república, las instituciones no pueden ser intimidadas. Y frente a cualquier intento de amedrentamiento, la respuesta debe ser clara: la Justicia se respalda, la legalidad se sostiene y la democracia se protege.
