Según el análisis realizado por el consorcio periodístico ‘Investigate Europe’ en 2022, la mitad de todos los pagos realizados por la industria farmacéutica en España tuvieron como destino las veintiuna organizaciones de pacientes que concentran mayor interés comercial. Esto ha suscitado preocupación acerca de las consecuencias negativas en términos de equidad, seguridad asistencial y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), un tema que ocupa el centro del debate generado por el anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido que priorizar a estas entidades, fuertemente financiadas por laboratorios, representa un riesgo de conflicto de interés que podría afectar los valores universales y públicos del sistema sanitario español, según consignó el medio Investigate Europe.
La FADSP manifestó su rechazo al anteproyecto de ley que propone centrar la participación ciudadana en el SNS mediante organizaciones de pacientes con personalidad jurídica propia. Esta postura, expuesta en un comunicado recogido por Investigate Europe y otros medios, se justifica señalando que las principales fuentes de financiación de muchas de estas organizaciones provienen de empresas farmacéuticas que también obtienen beneficios directos de la prescripción y uso de medicamentos de elevado costo. La federación considera que este vínculo podría comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones sanitarias y condicionar la orientación de las políticas públicas.
Además, la federación sostiene que ni la Constitución española ni las leyes que establecen mecanismos de participación ciudadana en el SNS reconocen de manera específica a los consumidores de un determinado producto o a organizaciones constituidas por pacientes de una enfermedad concreta. Según publicó Investigate Europe, la FADSP subraya que el enfoque del anteproyecto plantea el riesgo de limitar la equidad en la participación y, al mismo tiempo, aleja al sistema de los principios de universalidad y sostenibilidad.
En su declaración, la FADSP argumenta que enfocar la participación en pacientes y sus organizaciones fomenta una comprensión de la salud centrada únicamente en la ausencia de enfermedad, en detrimento de la promoción de la salud pública y la educación comunitaria. «El objetivo de las Asociaciones de Pacientes debería ser prestar apoyo a pacientes y familiares e identificar problemas y áreas de mejora que incrementen la calidad de la atención sanitaria a las personas afectadas por determinada enfermedad», expresó la federación, según reportó Investigate Europe. De este modo, la federación advierte que la preeminencia de estos colectivos puede transformar el carácter de la implicación ciudadana, desplazando la perspectiva global de salud.
El informe de Investigate Europe recordó que, en el año 2022, el 50% de los pagos totales realizados por la industria farmacéutica en España se concentraron en solo veintiuna organizaciones de pacientes, las cuales poseen una elevada relevancia comercial para los propios laboratorios. Este dato ha sido uno de los argumentos centrales esgrimidos por la FADSP para cuestionar la oportunidad y pertinencia de la propuesta legislativa. La federación indica que dicha concentración de fondos podría afectar la objetividad de las organizaciones destinatarias al influir en el modelo asistencial y en las decisiones relacionadas con la financiación de medicamentos.
La FADSP expuso que el vínculo financiero entre los laboratorios y las asociaciones de pacientes no solo afecta la percepción pública de quienes defienden los intereses de los afectados, sino que también puede debilitar la capacidad del sistema sanitario para tomar decisiones independientes y transparentes. Según Investigate Europe, la federación insiste en que fortalecer a plataformas y entidades ciudadanas de defensa de la sanidad pública, desligadas de intereses comerciales, debería ser el objetivo prioritario de la administración sanitaria.
En la postura de la federación se insiste en que empoderar a las organizaciones ciudadanas y a las plataformas de defensa de la sanidad pública permitiría reforzar el carácter universal, equitativo y de calidad del SNS, además de contribuir a su sostenibilidad y legitimidad social, según detalló Investigate Europe. La federación considera que la legislación propuesta no contempla esa visión integradora y, en consecuencia, advierte sobre los riesgos de que las decisiones estratégicas del sistema sanitario se centren en agentes con fuerte vinculación a la industria farmacéutica.
La FADSP concluye que un enfoque participativo robusto y libre de intereses comerciales permite preservar los principios rectores del SNS, garantizando la equidad en el acceso, la seguridad en la atención y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En ese contexto, la federación reiteró la necesidad de promover una visión de salud fundamentada en los valores del bien común, la prevención y la educación sanitaria, según remarcó Investigate Europe.
