El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de nulidad simple contra el decreto mediante el cual la Presidencia de la República designó a René Guarín Cortés como director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), solicitando además la adopción de medidas cautelares urgentes para suspender dicho encargo mientras se resuelve el proceso judicial.
La acción judicial fue anunciada públicamente por Ruiz a través de su cuenta de X, en la que informó sobre la radicación formal de la demanda y expuso las razones que, según su criterio, sustentan la solicitud de nulidad del Decreto 0010 del 14 de enero de 2026. En ese mensaje, el exfuncionario señaló cuestionamientos relacionados con los requisitos legales del cargo, el contexto institucional de la DNI y los antecedentes del funcionario designado.
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La demanda fue presentada ante la Sección Primera del tribunal el 16 de enero de 2026 y está dirigida contra la Presidencia de la República. En el documento, Ruiz actúa en nombre propio y solicita que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo en lo referente al encargo de Guarín Cortés como director general de la entidad de inteligencia.
En su publicación en X, el exministro escribió de manera textual: “Colombia no puede permitir que la inteligencia nacional quede en manos de activistas de extrema izquierda que fueron parte de grupos al margen de la Ley. ¡Petro y su gobierno no están por encima de la Constitución y la Ley!”.
El decreto 0010 aceptó la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez al cargo de director general de la Dirección Nacional de Inteligencia y, en el mismo acto administrativo, designó como encargado a René Guarín Cortés, que se desempeñaba como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia de la República.
La acción de nulidad señala que este nombramiento se produjo en un contexto marcado por el escándalo de alcance nacional que involucra presuntas infiltraciones de disidencias de las Farc en instituciones de seguridad del Estado; así como posibles nexos con un general del Ejército, identificado como Juan Miguel Huertas, y con un alto funcionario de la DNI, Wilmer Mejía, recientemente suspendidos por la Procuraduría.
En el documento se afirma que estas revelaciones dieron cuenta de filtraciones de información sensible, presuntos pactos de no agresión y eventuales vínculos con campañas políticas, lo que, según el demandante, generó una crisis de confianza institucional en la Dirección Nacional de Inteligencia en un momento previo al nombramiento de Guarín Cortés.
Argumentos sobre idoneidad y mérito
Dentro de los fundamentos de derecho, la demanda expone varios argumentos para sustentar la solicitud de nulidad. Uno de ellos se refiere a la presunta falta de idoneidad técnica para ejercer el cargo de director general de la DNI. El escrito cita el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 1621 de 2013, que regulan aspectos relacionados con la función pública y la inteligencia y contrainteligencia en Colombia, para señalar que el cargo exige competencias específicas en inteligencia estratégica, seguridad nacional y manejo de información clasificada.
Según el documento, aunque René Guarín Cortés es ingeniero de sistemas y cuenta con experiencia en tecnologías de la información, su hoja de vida no acreditaría experiencia directa en inteligencia operativa o contrainteligencia. Adicionalmente, se menciona su historial como exmiembro de la guerrilla del M-19 entre 1986 y 1990, hecho que, aunque amnistiado, es presentado en la demanda como un elemento que genera cuestionamientos sobre la neutralidad requerida para dirigir la entidad.
Otro de los argumentos expuestos es la supuesta violación del principio de mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 909 de 2004 sobre empleo público. En este punto, la demanda sostiene que el encargo no estaría respaldado por un proceso de evaluación basado en capacidades, experiencia o concurso, y que podría obedecer a criterios distintos a los establecidos en la normativa vigente.
Solicitud de medidas cautelares urgentes
Además de la nulidad del acto administrativo, la demanda solicita la adopción de medidas cautelares urgentes para suspender de manera provisional e inmediata el artículo segundo del decreto 0010. En el escrito se argumenta que el nombramiento tiene efectos inmediatos desde el 14 de enero de 2026, lo que permitiría al funcionario encargado acceder de forma directa a información clasificada de inteligencia nacional.
Según la demanda, este acceso se da en un contexto de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, derivadas de las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntas filtraciones dentro de la DNI.
El documento señala que la urgencia de la medida se sustenta en el riesgo de un perjuicio irremediable para la seguridad nacional, dado el manejo en tiempo real de información sensible relacionada con operaciones contra grupos armados, vigilancia de fronteras y protección de infraestructura crítica.
