La actriz Elisa Mouilaá ha decidido finalmente que continuará como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, tras haber comunicado la semana pasada su intención de retirar la denuncia. “Ahora sí que sí voy a llegar hasta el final”, expresó este martes la intérprete a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, quien también se mostró muy crítica con la Fiscalía, después de que pidiera en su último escrito la absolución de Errejón al no apreciar delito en los hechos denunciados. En cualquier caso, la experiencia de Mouilaá, con su cambio de criterio, al igual que la denuncia de acoso de una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, no solo tienen relevancia por las implicaciones políticas, sino que también reflejan las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar violencia sexual.
La exposición pública de estos casos suele ir acompañada de cuestionamientos a las víctimas, procesos judiciales largos y una presión mediática que puede disuadir a otras mujeres de dar el mismo paso, explica a Infobae la letrada María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad. “Sabemos que muchas mujeres se apartan del proceso por desgaste emocional, presión social, revictimización, miedo, exposición mediática o desconfianza en el sistema”, señala la abogada, que sostiene que el sistema judicial no solo “sigue siendo duro para las víctimas, sino a veces hostil”, y eso también forma parte del análisis de la causa.
La decisión que tomó la semana pasada Mouilaá de apartarse del caso contra Errejón podría haberse interpretado como una “mala noticia” para otras posibles víctimas, porque “refuerza el miedo a denunciar, y no por falta de verdad, sino por el alto coste emocional, mediático y judicial que el sistema sigue imponiendo a las víctimas de violencia sexual”, afirma Martín González. Según explica, el mensaje que se transmite es que, incluso con respaldo público y notoriedad, el proceso judicial puede volverse insostenible, lo cual plantea interrogantes sobre las posibilidades reales que tiene una mujer anónima, sin proyección mediática.
El respeto por el relato de la víctima
No obstante, la letrada advierte de que la percepción social sobre la retirada o la continuidad de una denuncia nunca debe servir para desacreditar a la denunciante ni su relato. “Retirarse no desacredita el relato ni convierte la denuncia en un error. Feminismo también es reconocer el derecho de una mujer a protegerse cuando el proceso la revictimiza”. En cualquier caso, insiste, lo preocupante es que “el sistema sigue sin ser capaz de acompañar a las víctimas sin quebrarlas”.
La presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad también recuerda que en los procedimientos por violencia sexual es frecuente que algunas denunciantes se retiren antes de llegar a juicio. “En la práctica forense ocurre más de lo que se reconoce públicamente”, explica.
Entre los factores que llevan a muchas mujeres a abandonar la vía judicial, destaca el carácter largo e incierto del proceso penal, la exigencia probatoria, la exposición a la evaluación constante de su vida privada y el temor a que el caso las marque de por vida. “La mujer sabe que su vida va a quedar en suspenso durante años, que tendrá que declarar varias veces y revivir los hechos una y otra vez, con un nivel de exigencia probatoria muy alto”.
Martín González identifica otros elementos que incrementan el desgaste, como la soledad, el cansancio, la presión del entorno o el temor a represalias. “Muchas mujeres sienten que están siendo ellas las juzgadas. El miedo a no ser creída, a ser señalada, a convertirse en ‘el caso de…’, a que su nombre quede asociado para siempre a la agresión, son factores decisivos y no todas están dispuestas —ni tienen por qué estarlo— a pagar ese precio». Asimismo señala que el apoyo inicial suele debilitarse a medida que avanza el procedimiento, mientras que el desgaste emocional, económico y psicológico se mantiene.
Son precisamente estas razones, añade, por lo que cuesta tanto denunciar la violencia sexual, “no porque falte verdad, sino porque el sistema sigue exigiendo a las mujeres una fortaleza extraordinaria para sostener una acusación”, y mientras denunciar suponga exponerse, justificarse y resistir durante años, habrá mujeres que legítimamente no puedan o no quieran hacerlo.
Cambios necesarios en el sistema
Sobre los cambios necesarios en el sistema judicial, Martín González reclama formación obligatoria y evaluable de todos los operadores jurídicos en violencia sexual y trauma. Considera fundamental que la correcta aplicación de las reglas de valoración de la prueba y el control del interrogatorio no dependan de la sensibilidad personal del juez o fiscal. “La falta de formación genera resoluciones y prácticas que producen revictimización y, en consecuencia, desincentivan la continuidad del procedimiento”, añade.
La abogada también reclama un cambio estructural en la cultura judicial, pues el sistema, destaca, debe dejar de situar a la víctima en el centro del juicio y asumir que los delitos sexuales “presentan dificultades probatorias especiales”. “Mientras el proceso se viva como un examen permanente de la conducta y resistencia de la mujer, el desistimiento será una consecuencia previsible y no una anomalía. La tutela judicial efectiva exige un enfoque que proteja a la víctima sin rebajar las garantías del acusado”, concluye.
