Una medida adoptada por un actor inesperado, una votación imprevista en el Congreso o un fallo dictado por un tribunal en Washington pueden alterar, inesperadamente, el equilibrio de un sector económico entero. En el intento de anticipar estos cambios, los decisores públicos y privados suelen definir sus estrategias evaluando variables económicas, incentivos, textos normativos y el clima político. Aunque ese análisis es necesario, no siempre es suficiente. Con frecuencia queda al margen una dimensión que puede resultar decisiva: el proceso institucional que origina esas decisiones y que, en última instancia, condiciona su alcance y su estabilidad.
Quienes hemos transitado la función pública y estudiado el derecho constitucional sabemos que el diseño formal de competencias y mecanismos de control no explica integralmente la forma en que se adoptan las decisiones públicas. Aunque las constituciones delimitan atribuciones, la práctica institucional revela vacíos normativos, superposiciones de funciones, interpretaciones divergentes y ambigüedades que abren márgenes de incertidumbre. En ese marco, la resolución de los conflictos no depende únicamente de definiciones ideológicas o posiciones doctrinarias. Intervienen también subjetividades, precedentes, costumbres y prácticas arraigadas que pueden terminar habilitando —o restringiendo— una decisión. Incluso, en ocasiones, son actores que aparentaban encontrarse fuera de escena los que finalmente determinan el resultado.
Comprender esa dimensión, integrar el plano jurídico con el contexto político y con la lógica efectiva mediante la cual se adoptan y sostienen las decisiones públicas puede anticipar quiénes intervendrán, qué herramientas activarán y qué dirección puede tomar una decisión.
El análisis institucional adquiere aún más valor cuando las reglas que inciden sobre la actividad económica ingresan en una etapa de transformación profunda. El debate abierto durante las últimas semanas entre algunos empresarios industriales y el Gobierno en torno a la apertura comercial da cuenta de que nos encontramos transitando un proceso en el que la inercia institucional frena y la dinámica del poder se complejiza. En este escenario, estructuras que parecían inamovibles ceden por cambios políticos electorales, mientras agendas estancadas durante años se destraban de un momento a otro. Es entonces cuando los engranajes del sistema operan a plena capacidad y las herramientas a disposición de los actores se multiplican, los más astutos y osados las usan a total discreción.
Dos casos recientes vinculados al comercio exterior ilustran con claridad cómo la dimensión institucional puede alterar un escenario económico de manera tan o más determinante que, por ejemplo, una reforma normativa.
El primer caso es el de los aranceles de Estados Unidos. En abril de 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles globales invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de emergencia económica. Empresas afectadas impugnaron la medida por considerar que la IEEPA no habilitaba al Ejecutivo a fijar aranceles, atribución que la Constitución reserva al Congreso. El 20 de febrero, en menor tiempo del esperado por los analistas de opinión, y con una mayoría circunstancial, transversal pero institucionalista compuesta por tres liberales y tres conservadores, la Corte Suprema terminó dándoles la razón en un fallo que dejó sin efecto gran parte de los aranceles y forzó al Ejecutivo a recurrir a la Sección 122, una herramienta que habilita su aplicación pero impone límites en su alcance y duración. El resultado fue un esquema arancelario sustancialmente distinto al anterior, con efectos sobre múltiples agentes económicos alrededor del mundo, producto de una decisión judicial.
El segundo caso es el de la aplicación de derechos antidumping en Argentina. Durante años, la utilización de este instrumento —sujeto a regulación nacional e internacional— fue intensa, al punto de que el país llegó a contar con más de cien medidas vigentes y se ubicó entre los países con mayor cantidad de barreras de este tipo en el mundo. Con el cambio de gobierno, aunque se introdujeron ajustes procedimentales, una autoridad más estricta a la hora de exigir la acreditación del dumping y el daño a la producción nacional derivó en el rechazo de la mayoría de las nuevas solicitudes y prórrogas y en una reducción del número de medidas vigentes. Algunas de ellas no renovadas inesperadamente y en el marco de una discusión pública intensa sobre apertura comercial, obras de infraestructura estratégicas y acuerdos arancelarios con Estados Unidos.
Ambos casos revelan lo mismo: el resultado de los procesos de decisión pública no puede anticiparse únicamente a partir del análisis coyuntural, del clima político o de la lectura de un texto normativo. Se definen también en la práctica de quienes los aplican, en los precedentes que se consolidan, en los actores que deciden intervenir y en los que eligen no hacerlo. En democracias tan dinámicas como la nuestra o la estadounidense, incorporar el análisis institucional como parte del proceso de toma de decisiones es lo que permite convertir esa complejidad en ventaja.
El hecho de que la Argentina deba fortalecer sus instituciones no significa que carezca de ellas. Las tiene, y su funcionamiento tiene consecuencias económicas concretas. Anticiparlas con rigurosidad es posible.
