El Gobierno volverá a llevar al Congreso de los Diputados la revalorización del 2,7% prevista para las pensiones en 2026, esta vez a través de un decreto en solitario que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy. Tras el rechazo en el pleno del pasado martes del decreto ‘ómnibus’ que agrupaba la subida de prestaciones de los jubilados con otras iniciativas del denominado escudo social, el Ejecutivo ha optado por separar las pensiones de la medidas más polémicas, según adelantan fuentes oficiales a Europa Press.
El Congreso tumbó el paquete de medidas con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que citaron la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional como el motivo detrás de su negativa. Sin embargo, PP y Junts ya habían adelantado su disposición a apoyar el incremento de pensiones en caso de presentarse como una norma específica sin depender de la moratoria.
Esta vez, el Consejo de Ministros dividirá en dos el decreto, aprobando una primera norma que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones, otras prestaciones y la congelación de cuotas para autónomos, y una segunda con el resto de medidas del escudo social. Ambas iniciativas legislativas deberán ser convalidades por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.
El desacuerdo político deja sin efecto la subida de las pensiones
La decisión inicial de no aprobar la subida recuerda al rechazo parlamentario a la subida de pensiones de 2025 por haberse llevado ante el Congreso en otro decreto ‘ómnibus’ y supuso un desgaste político para los partidos de la oposición, que se niegan a convalidar la subida que blinda el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, pero también para el Gobierno, que condiciona este incremento a medidas con menor consenso social. Así, las formaciones que votaron en contra caracterizan la suspensión de lanzamientos como una forma de proteger a los ‘okupas’, mientras desde el PSOE les acusan de no defender los intereses de los pensionistas.
Más allá de la suspensión de desahucios y el incremento de pensiones, el rechazo del real decreto ley en el Congreso dejó sin efecto medidas sociales y económicas como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la aprobación de un nuevo incremento para 2026 y la congelación de cotizaciones para autónomos. Además, se incluían la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, descuentos en el bono social eléctrico y ventajas fiscales para eficiencia energética y vehículos eléctricos.
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