Las defensas de los acusados en el ‘caso Mediador’ recalcaron en la sesión judicial realizada este jueves la carencia de pruebas que, según ellos, sustenten los cargos presentados por la Fiscalía, centrando sus argumentaciones en la ausencia de elementos que configuren un delito de cohecho y cuestionando que las acciones analizadas tengan un carácter público, ya que afirman responder a relaciones de índole estrictamente privada y mercantil entre particulares. Frente a ello, la Fiscalía mantiene la acusación y solicita un año de prisión para los tres imputados: el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte. Las intervenciones de la sesión prevista para este viernes, según detalló Europa Press, contarán con declaraciones de agentes de la Guardia Civil con el objetivo de esclarecer el supuesto entramado de corrupción.
Según informó Europa Press, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la segunda jornada del juicio, ante un jurado popular, a partir de las 9.30 horas, en el marco de las tres piezas en las que se divide este procedimiento. La participación de varios agentes y miembros de cuerpos de seguridad del Estado estará enfocada en analizar y reconstruir los presuntos vínculos delictivos entre los acusados, una tarea que la Fiscalía considera clave para fundamentar los cargos. El juicio tiene prevista una duración de cuatro días y se trata de la primera de las piezas analizadas en el denominado ‘caso Mediador’.
El escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press y presentado como base de la acusación, describe una presunta estrategia impulsada por el empresario Antonio Bautista, quien habría buscado los servicios de Marco Antonio Navarro Tacoronte por su red de contactos tanto en el ámbito empresarial como en sectores gubernamentales del archipiélago. La acusación sostiene que Navarro Tacoronte, aunque carecía de representación oficial o cargo público, se habría presentado como una persona con influencia dentro del Gobierno regional, ofreciendo a Bautista la posibilidad de obtener contratos con empresas y acceder a subvenciones y contratos con la administración pública.
Según la reconstrucción presentada por Europa Press, para ganarse la confianza de los empresarios y promover sus servicios de intermediación, Navarro Tacoronte solicitaba comisiones, dádivas y obsequios, organizando encuentros con individuos con relevancia en el ámbito político y económico. En este contexto, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, habría actuado supuestamente en coordinación con Navarro, valiéndose de su cargo como una de las principales autoridades del instituto armado en Canarias durante cuatro años para reforzar la imagen de influencia y poder que transmitía el grupo a posibles interesados en los negocios.
La Fiscalía apuntó a encuentros celebrados fuera de las islas, en la Península, como parte de la estrategia para afianzar la confianza de Bautista y asegurarse de que aceptara las condiciones económicas impuestas, entre las que se encuentran pagos como el realizado el 31 de agosto de 2022, que ascendía a 2.000 euros. Destacó también que las reuniones solían tener lugar en restaurantes, donde Bautista se hacía cargo íntegramente de los gastos. Además, se detalló la entrega de obsequios al general Espinosa, tales como cajas de puros valoradas en cerca de 250 euros, y el ofrecimiento de viajes a los otros implicados.
Durante el debate judicial, el abogado del general Espinosa subrayó que su defendido ya no ocupaba responsabilidades públicas en los momentos investigados, ya que desde 2017 se encontraba en “servicios especiales” para un proyecto estatal denominado GAR-SI Sahel. El letrado argumentó que no había existido actuación oficial alguna vinculada a su antiguo cargo ni beneficio propio ni ajeno derivado de la función pública.
No obstante, la Fiscalía rebatió este argumento, afirmando que Espinosa se mantenía ligado a una entidad pública y que, pese al tipo de relación contractual, seguía prestando servicios sufragados con fondos públicos. El fiscal defendió la idea de que las conexiones y prestaciones de servicios investigadas tendrían un interés público, razón por la cual correspondía investigar si se cometió algún ilícito en el ejercicio de esa función.
La defensa de Antonio Bautista expuso de manera contundente ante el tribunal que su cliente jamás efectuó pagos a Espinosa y que las operaciones no arrojaron ningún resultado comercial concreto, argumentando la inexistencia de delito puesto que las actividades se circunscribían a lo privado. Asimismo, se abogó por someter las pruebas y las acusaciones de la Fiscalía a un análisis riguroso, apelando a que el jurado “ponga en cuarentena” los cargos por cohecho, ya que a juicio de la defensa carecen de apoyo documental o testifical sólido suficiente.
Por su parte, la representación legal de Navarro Tacoronte expresó que la labor profesional de su cliente se limitaba a poner en contacto a particulares interesados en establecer relaciones comerciales. Argumentó que las actividades en cuestión no traspasaban el ámbito privado y que la remuneración percibida por Navarro respondía a servicios de mera intermediación.
Al cierre de la primera jornada, la Fiscalía comunicó la incorporación de nuevas pruebas al expediente judicial. Entre las evidencias introducidas se encuentran los testimonios de dos agentes de la Guardia Civil y una grabación, las cuales serán expuestas y analizadas en la sesión programada para este viernes. Europa Press reportó que las próximas intervenciones buscarán arrojar más luz sobre cómo se desarrollaban las relaciones entre los acusados y si sus actuaciones respondieron o no a intereses públicos en el marco de la administración.
El desarrollo del juicio se centra ahora en la reconstrucción del supuesto esquema de corrupción, haciendo hincapié tanto en la dinámica de las reuniones y el intercambio de favores como en el posible aprovechamiento de cargos o influencias para mediar en gestiones empresariales y administrativas. Las declaraciones previstas de agentes de la Guardia Civil tendrán un peso relevante en la valoración final del tribunal sobre si existieron o no conductas constitutivas de delito, según la línea argumental de la Fiscalía y las reiteradas objeciones de las defensas.
La causa judicial del ‘caso Mediador’ continuará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con nuevas sesiones y la participación de testigos, en un proceso que busca determinar el alcance y la naturaleza de las relaciones establecidas entre los principales implicados, de acuerdo al marco presentado por Europa Press.
