La posibilidad de que el paro de transportistas programado para el jueves 15 de enero en Lima y Callao pueda modificar su fecha original mantiene en vilo a miles de usuarios del transporte público.
Así lo informó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, quien precisó que la decisión definitiva se comunicará en las próximas horas de este domingo 11 de enero.
Sobre la paralización, Vargas explicó que existían dos fechas iniciales para la protesta. Su gremio, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, había propuesto el martes 13, mientras que Transportes Unidos, representado por Martín Ojeda, optaba por el jueves 15.
No obstante, tras mantener conversaciones en las últimas horas, ambos sectores coincidieron en la necesidad de evitar la dispersión y los perjuicios económicos a la ciudadanía, por lo que optaron por una única fecha para la paralización.
“No es el día 13, no es el día 15, que es lo que hemos conversado. Sería el día 14 o el día 16. Se va a definir el día de hoy (domingo 11 de enero) una plataforma única”, afirmó Vargas en declaraciones recogidas por RPP Noticias.
La incertidumbre sobre el día exacto responde, según los gremios, a un compromiso de responsabilidad con la población y con los propios trabajadores del sector. Vargas indicó que la plataforma de demandas y la fecha definitiva se anunciarán después de la reunión de los principales representantes, con el objetivo de que tanto la ciudadanía como las autoridades cuenten con información precisa y anticipada.
Por su parte, Martín Ojeda subrayó que la decisión de llevar a cabo una paralización responde a la ausencia de respuestas eficaces por parte del gobierno. “No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas”, agregó.
El dirigente también precisó que la medida implicaría la paralización de más de 12 mil unidades afiliadas a Transportes Unidos, entre las que figuran empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú.
El impacto de la movilización abarcaría los principales conos de Lima y Callao, con la concentración de vehículos en puntos estratégicos de ambas ciudades.
Suspensión total
A esto se suma la adhesión de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), cuyo presidente, Julio Rau Rau, confirmó que su gremio optará por la suspensión total del servicio, sin movilizaciones en las calles, pero con el envío de una comisión de representantes al Congreso de la República.
“Lamentablemente, los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. El estado de emergencia finalizó en diciembre y, aunque el Gobierno prometió ampliarlo, hasta ahora no hay señales de acción”, declaró Rau Rau.
La principal exigencia de los gremios se centra en una mayor presencia policial, acciones sostenidas para combatir la extorsión y garantías para operar sin amenazas. Las organizaciones afirman que la movilización busca visibilizar la situación crítica que enfrentan miles de trabajadores y usuarios del transporte público. Además, advierten que, de no obtener una respuesta inmediata de las autoridades, podrían adoptar nuevas medidas de presión.
La problemática de la extorsión en el sector es uno de los puntos más sensibles de la plataforma de reclamos. Ojeda manifestó que aproximadamente el 80% del sector transportista se ve obligado a pagar “cupos” a organizaciones criminales, quienes exigen entre 10 y 30 soles diarios.
“Si bien es cierto, en algunos pocos casos se ha reducido, ahora están exigiendo entre 10 y 30 soles diarios”, comentó el dirigente, quien además señaló que los ataques suelen producirse en horarios específicos, entre las 18:00 y las 23:00, y entre las 6:00 y las 8:00, coincidiendo con los cambios de turno policial.
Mientras tanto, el Gobierno de José Jerí asegura estar en diálogo con los gremios y reconoce el impacto de la criminalidad en el sector. Vicente Tiburcio, ministro del Interior, declaró desde Chiclayo que se mantienen conversaciones con los representantes del transporte urbano y que el Ejecutivo realiza esfuerzos para enfrentar los problemas de inseguridad.
“Estamos conversando con ellos. También igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse de repente a hacer un paro. En su momento, siempre los estamos acompañando a todas las personas”, afirmó el titular del Interior, quien también admitió que el país enfrenta retos en materia de seguridad ciudadana.
Hasta el momento, la fecha definitiva de la paralización se mantiene en suspenso, a la espera de que los gremios informen oficialmente si la medida se realizará el miércoles 14 o el viernes 16 de enero.
