Fuentes internas del Partido Popular reconocieron que la respuesta de la formación ante la gestión del reciente accidente ferroviario en Adamuz impacta de manera significativa en sus decisiones parlamentarias próximas, particularmente la relativa al denominado «decreto ómnibus» del escudo social. Según publicó Europa Press, el principal partido de la oposición todavía no ha definido cuál será su postura en la votación del próximo martes en el Pleno del Congreso, donde se decidirá la convalidación de este paquete legislativo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. El debate sobre el escudo social cobra especial relevancia en medio de la campaña electoral en Aragón, con las elecciones regionales previstas para el 8 de febrero, mientras la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo subraya su desacuerdo con la gestión del Gobierno tras el accidente ferroviario, lo que, según recalcaron fuentes del PP a Europa Press, aleja un posible voto afirmativo.
Tal como detalló Europa Press, el decreto plantea una revalorización general de las pensiones del 2,7%, así como la prohibición de desahucios y cortes de servicios básicos, como agua, luz y gas, para personas en situación de vulnerabilidad. Otras medidas recogidas en el texto incluyen la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización de los trabajadores autónomos para el año 2026, que se mantienen inalteradas respecto al año anterior. El paquete prevé además incentivos fiscales dirigidos a la compra de vehículos eléctricos y la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para indemnizaciones asociadas a daños personales derivados de los incendios forestales que afectaron varias comunidades autónomas el verano pasado.
En el entorno del PP prevalece el hermetismo respecto al sentido final de su voto, una postura habitual en episodios similares, aunque diferentes fuentes del partido señalaron a Europa Press que la gestión gubernamental de la tragedia en Adamuz, que resultó en la muerte de 43 personas tras el descarrilamiento de dos trenes, «lo complica todo». Los populares consideran probable que, en caso de rechazar el decreto, el Gobierno les responsabilice de oponerse al aumento de las pensiones, una narrativa que coincide con el inicio de la campaña aragonesa y que, según reportó Europa Press, preocupa al núcleo de la dirección popular por el posible impacto electoral.
La ministra portavoz, Elma Saiz, durante una comparecencia tras el Consejo de Ministros, expresó su expectativa de que el PP respalde la subida de las pensiones recogida en el decreto ómnibus. Saiz señaló: «En materia de pensiones hemos visto que, por la trayectoria del PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones, siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable». Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, remiten a antecedentes cercanos, cuando hace un año el PP votó inicialmente en contra de un decreto similar al actual, en conjunto con Junts y Vox, justificando entonces su voto adverso por la inclusión de medidas como la cesión al PNV de un palacete en París, entre otras disposiciones del paquete legislativo.
En esa ocasión, el PP llegó a calificar al Partido Nacionalista Vasco de «aprovechategui» y acusó a sus dirigentes de comportamientos «miserables» y «asquerosos». Posteriormente, el grupo popular cambió de opinión y votó a favor cuando el Gobierno volvió a llevar el texto al Congreso, aunque mantenía algunos puntos polémicos como la referencia al palacete para los nacionalistas vascos.
El medio Europa Press también precisó que el nuevo decreto recogen una revalorización para cerca de trece millones de pensiones en España, con incrementos diferenciados: las pensiones mínimas ascenderían un 7%, y algunas, como las mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares, alcanzarían hasta el 11,4%. Tanto las pensiones no contributivas como el ingreso mínimo vital se revalorizarían un 11,4%. El paquete legislativo pretende, además, dar continuidad a la cobertura social ya existente durante el transcurso de la pandemia y las crisis posteriores, con especial atención en los grupos sociales más afectados.
En el plano del transporte, el martes también se someterá a votación la prórroga de las ayudas al transporte público mediante otro decreto al que el PP tampoco ha anticipado públicamente su apoyo o rechazo. Europa Press consignó que este segundo texto mantiene las bonificaciones vigentes: gratuidad total para menores de catorce años en los servicios estatales de autobús, descuentos del 40% en el bono de diez viajes, 50% en el abono mensual nominativo y hasta el 70% para el abono joven destinado a personas de hasta 26 años. Además, se contempla un abono único nacional de transporte, con una tarifa de 60 euros para adultos y 30 para jóvenes menores de 26 años, que engloba autobuses interregionales estatales y los trenes de Cercanías y Media Distancia.
La expectativa respecto a la declaración final del PP se mantiene elevada tanto entre las filas gubernamentales como en el resto de grupos parlamentarios. Este clima de incertidumbre se agrava por el contexto político marcado por la tragedia ferroviaria y la proximidad de unos comicios regionales en los que la competencia por el electorado pensionista y de rentas bajas resulta decisiva, según explicó Europa Press. Fuentes populares consideran que se enfrentarán a un dilema importante, pues cualquier decisión será interpretada en clave electoral y social.
Los siguientes días resultarán determinantes para conocer el posicionamiento definitivo del primer grupo de la oposición ante unos paquetes de medidas que afectan a millones de ciudadanos en áreas como pensiones, transporte, vivienda y servicios básicos. Las deliberaciones internas del PP y la presión derivada de la gestión del siniestro de Adamuz constituyen dos de los factores que definirán el sentido de su voto en un contexto político marcado por la tensión entre la exigencia social y el cálculo electoral, de acuerdo con el seguimiento realizado por Europa Press.