La defensa del presidente de Sidenor presentó recientemente un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional solicitando la nulidad del registro en las instalaciones de la empresa en Basauri (Bizkaia). Este recurso sostiene que la resolución del magistrado Francisco de Jorge impuso medidas restrictivas de gran gravedad contra los derechos de los involucrados, sin aportar indicios razonables que fundamentasen la presunta comisión de delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio relacionados con la exportación no autorizada de acero a Israel Military Industries (IMSI). Sobre este hecho, la Fiscalía ya había expresado su oposición a la entrada y registro, según publicó el medio, compartiendo la visión de que la actuación resultó desproporcionada e inadecuada.
Según informó el medio, José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, declaró no comprender las razones por las que se ha abierto una causa contra él y otros dos directivos por la venta de acero a Israel. Durante su intervención en un foro organizado por la Fundación Vital en Vitoria, Jainaga subrayó su convicción acerca de que todas las exportaciones de la empresa cumplieron con la legislación vigente, y que los productos enviados no requerían de una autorización previa, más allá del deber de comunicar al Gobierno sobre las ventas efectuadas.
Durante el encuentro, Jainaga relató que hasta hace medio año mantenía una confianza plena en el sistema judicial, considerando que sus actuaciones perseguían exclusivamente a los delincuentes y garantizaban la tranquilidad a quienes se consideran personas íntegras. Sin embargo, la situación actual ha deteriorado esa percepción. «Todavía no entendemos por qué estamos metidos en ese lío. No sé si hay otros intereses. La verdad es que, si te dedicas a pensar en eso y te torturas, no trabajas», expuso el presidente de Sidenor, según reportó el medio.
El registro efectuado en la sede de Sidenor en Basauri en febrero incluyó la llegada de quince furgonetas con efectivos encapuchados, una medida que el empresario ha calificado como excesiva. A este respecto, recalcó que la Fiscalía expresó «desacuerdo absoluto» con la actuación judicial, considerando que la información requerida podría haberse facilitado a través de una solicitud directa a la empresa, dado que ya se había ofrecido a colaborar.
Tal como consignó el medio, Jainaga reconoció que la compañía proporcionó «todas las pruebas» que demuestran la legalidad de sus operaciones. A su juicio, la Fiscalía debió excluir de la investigación la supuesta implicación en crímenes de lesa humanidad o genocidio, y centrarse exclusivamente en esclarecer si existió contrabando en los envíos de acero. Según el relato de Jainaga, la empresa siempre ha actuado conforme a la normativa, asegurando que los productos exportados no figuraban en la lista de bienes que requieren autorización expresa.
El responsable de Sidenor reiteró su opinión sobre el carácter improcedente y desproporcionado de la actuación judicial. De acuerdo con sus palabras recogidas en el medio, la forma en la que se ejecutó el registro afectó de modo severo derechos fundamentales, al tratarse de una medida que podría haberse evitado a través de canales de colaboración habituales con la empresa.
En su exposición, Jainaga también confesó mantener reservas sobre la confianza que deposita en ciertas entidades públicas y privadas, aunque hasta hace pocos meses conservaba fe en el sistema judicial. Según sus palabras: “En la Justicia, hasta hace seis meses, creía firmemente. Creía que la Justicia va a perseguir a los delincuentes y lo va a hacer hasta el final, pero que la gente honrada y la gente inocente puede ir a dormir tranquilamente todos los días. Hasta hace seis meses pensaba eso”.
El proceso judicial involucra acusaciones de haber exportado, sin las autorizaciones requeridas, partidas de acero a la firma israelí IMSI. Tanto la defensa como la Fiscalía argumentan que no existían pruebas suficientes para justificar medidas tan restrictivas como el registro realizado, por lo que ambos pidieron la nulidad de esa actuación, según reportó el medio.
Frente a la situación legal presentada, Jainaga insistió en la disposición de la empresa para colaborar con las autoridades y en la “tranquilidad” con la que afrontan el proceso actual, reiterando haber entregado toda la documentación exigida y señalando que los productos comercializados se ajustaban a las normas establecidas por la ley.
