Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la inmobiliaria Alquiler Plus ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por obligar a los arrendatarios a abonarles 990 euros más IVA por gestiones en el alquiler de viviendas, pese a no haberlas solicitado. La empresa, además, exige el pago adicional de un 5% de la renta como “garantía de pago”, sin detallar en qué consiste este concepto, sumándose a otros pagos como el mes en curso de alquiler, la fianza legal y un mes de renta como “depósito de garantía”, añade Facua en un comunicado publicado este lunes.
La organización advierte que estos servicios no se explican ni detallan en la web de Alquiler Plus, de modo que los usuarios desconocen su alcance. La denuncia de Facua se produce poco después de que la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impusiera una sanción de 3,6 millones de euros a otra inmobiliaria, Alquiler Seguro, por prácticas similares que también fueron objeto de denuncia por parte de Facua.
Por todo ello, la organización de consumidores solicita ahora a las autoridades madrileñas que investiguen los hechos, abran un expediente sancionador y obliguen a Alquiler Plus a informar a los usuarios afectados, además de restituir las cantidades cobradas indebidamente por estos conceptos. “Ojalá desde la Comunidad de Madrid se actúe con la misma contundencia que lo ha hecho el Ministerio de Consumo con Alquiler Seguro, y esta vez se abra un expediente sancionador rápido y con una cuantía proporcional a la gravedad del fraude y al beneficio ilícito que obtiene la empresa”, señala a Infobae España el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.
Los límites que establece la ley
La organización recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece límites para las garantías adicionales en los contratos de alquiler: no pueden exceder de dos mensualidades de renta para contratos de hasta cinco años, o de hasta siete años cuando el arrendador es una persona jurídica. Además, la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda modificó la LAU y dictó que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, porque la relación contractual es entre la agencia y el propietario.
“Se inventan servicios administrativos”
Sin embargo, asegura Facua, Alquiler Plus busca eludir esta disposición inventando “servicios administrativos” obligatorios para los inquilinos como requisito para alquilar, replicando el modelo de Alquiler Seguro. En el caso de esta última, la sanción del Ministerio de Consumo se fundamentó en que obligar a los inquilinos a pagar servicios que benefician al propietario constituye un “fraude de ley”, ya que la LAU prohíbe trasladar estos costes al arrendatario.
La organización también denuncia que la inclusión de cláusulas que obligan a contratar servicios accesorios no solicitados constituye una práctica abusiva. Según la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, imponer condiciones, recargos o prestaciones no solicitadas en las transacciones supone una infracción, así como la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos o prácticas no consentidas por el consumidor.
