El clima político en Perú se ha tensado nuevamente tras las declaraciones de Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, quien este viernes 23 de enero ofreció una conferencia de prensa para abordar la coyuntura y las movilizaciones previstas para los próximos días. Rospigliosi afirmó que grupos de extrema izquierda se encuentran detrás de las marchas convocadas, particularmente la del 28 de enero, con el objetivo de desestabilizar el país y generar zozobra. Según el congresista, estos sectores ya habrían impulsado acciones similares en el pasado, contribuyendo a crisis institucionales recientes.
“En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo. Provocaron disturbios y ubicaron en la presidencia de la República de manera completamente irregular al señor Sagasti y en la presidencia del Congreso a una antiminera conocida como la señora Mirtha Vázquez. La consecuencia de eso fue que le abrieron las puertas del próximo Gobierno a Castillo, cuyas consecuencias sigue viviendo el Perú en este momento. En octubre del año pasado trataron de repetir lo mismo, también para crear una situación de crisis, destituir al presidente y reemplazarlo por quién sabe quién”, explicó Fernando Rospigliosi.
Investigación y mociones de censura contra Jerí
En paralelo, José Jerí, actual jefe de Estado tras la vacancia de Dina Boluarte, enfrenta la mayor ofensiva política de su mandato: seis mociones de censura han sido presentadas en el Congreso, con un amplio abanico de acusaciones tras el destape del denominado caso ‘Chifagate’. Estas mociones señalan desde falta de transparencia y reuniones clandestinas con empresarios chinos, hasta la acumulación de antecedentes judiciales y presuntos delitos. Además, se cuestiona la designación de funcionarios en sectores estratégicos y la persistencia de altos índices de criminalidad.
A pesar de la gravedad de las denuncias y el amplio respaldo multipartidario —con firmas de legisladores de diversas bancadas—, hasta el momento solo se han contabilizado 42 votos a favor de una eventual censura, lejos de los 66 necesarios para aprobarla y poner fin al Gobierno de Jerí.
“No puedo convocar a un Pleno extraordinario”
Durante la conferencia, Fernando Rospigliosi fue enfático al rechazar la posibilidad de convocar a un Pleno extraordinario para debatir la destitución de Jerí. “Aunque parezca increíble, ya están voceando varios nombres para reemplazar al presidente Jerí. O sea, la presidencia de la República se ha convertido en una suerte de sorteo, ¿no? A ver a quién ponemos esta semana. A mí me parece eso completamente equivocado. Hay cosas que investigar, claro que sí. La Comisión de Fiscalización del Congreso lo está haciendo. La Fiscalía de la nación lo está haciendo y eso tiene que seguir su curso”, señaló Rospigliosi.
El legislador aclaró que, según el Reglamento del Congreso, la convocatoria a una legislatura extraordinaria solo puede realizarla el presidente de la República o, en su defecto, la firma de 78 congresistas. “Quienes están solicitando que se convoque ese pleno extraordinario son quienes quieren que se dé trámite a las mociones de censura contra el presidente José Jerí”, precisó el vicepresidente.
Proceso legal y obstáculos para la vacancia
El procedimiento de vacancia presidencial está estrictamente regulado. El primer paso exige que al menos 78 congresistas firmen la solicitud para autoconvocarse a una legislatura extraordinaria, dado que el Congreso se encuentra actualmente en receso. Sin este requisito, no puede tramitarse ni censura ni vacancia.
Una vez instalada la legislatura, se requieren 26 firmas para presentar formalmente la moción, y posteriormente, el Pleno debe admitirla con el voto del 40 % de congresistas hábiles. Si se supera esta etapa, el presidente Jerí tendría derecho a defenderse ante el Pleno antes de la votación definitiva. Para aprobar la vacancia, se necesita el respaldo de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, unos 87 u 88 votos.
Mientras tanto, la crisis política continúa sin una solución a la vista. Las acusaciones, los procesos de investigación y el debate sobre la legitimidad de los procedimientos parlamentarios mantienen en vilo a la ciudadanía y a las principales instituciones del país. La incertidumbre sobre el futuro de José Jerí y la estabilidad política de Perú se prolonga, en medio de una compleja pugna de poderes y denuncias de desestabilización.
