La Fiscalía Federal de Brasil solicitó la inmovilización inmediata del derecho de Vale para vender o transferir la mina Fábrica, ubicada en el estado de Minas Gerais, en el contexto de la investigación por el derrame de sedimentos que afectó gravemente la región. Además, el organismo exige que la empresa minera contrate expertos independientes con urgencia para acometer las obras que permitan estabilizar la zona del colapso, al tiempo que impulsa el bloqueo de activos por un monto de 1.000 millones de reales brasileños, equivalentes a 160 millones de euros, con el objetivo de contener y reparar el impacto medioambiental del incidente. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, la medida apunta a evitar que los supuestos daños ambientales derivados del incidente del 25 de enero se agraven mientras avanzan las investigaciones oficiales.
El Ministerio Público fundamentó su petición en la gravedad de las filtraciones detectadas en las infraestructuras de las minas Fábrica y Viga, asentadas en los municipios de Ouro Preto y Congonhas. Según consignó Europa Press, las autoridades federales advirtieron que estas filtraciones generaron consecuencias negativas para los ríos Maranhão y Paraopeba, considerados fuentes vitales para las localidades del entorno. El impacto ambiental detectado llevó también al Gobierno del estado de Minas Gerais a imponer una sanción económica inicial contra Vale de 1,7 millones de reales, cifra que días después ascendió hasta los 3,3 millones de reales —equivalentes a 528.660 euros— ante la persistencia del daño ecológico documentado.
Mientras la Fiscalía se concentra en delimitar responsabilidades y evitar la transferencia o venta de activos relacionados directamente con la mina en cuestión, también demandó la contratación de una consultoría técnica independiente como paso indispensable para la ejecución de las obras correctivas. Según el reporte de Europa Press, la finalidad de esta intervención externa es garantizar que los trabajos de estabilización y reparación se desarrollen bajo criterios técnicos que aseguren la reducción de riesgos medioambientales y la protección de la cuenca afectada.
Por su parte, la empresa Vale informó a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) que cumplió con los requerimientos procesales y ya presentó su declaración ante las autoridades que instruyen el caso. En el comunicado difundido y citado por Europa Press, la minera aseguró que planea articular su defensa “a su debido tiempo, dentro del plazo legal”, absteniéndose por el momento de emitir comentarios adicionales sobre el contenido de la solicitud de la Fiscalía.
El incidente del desbordamiento de sedimentos se produjo el 25 de enero y se enmarca en el contexto de histórico escrutinio público y regulatorio sobre las operaciones mineras en la región sudeste de Brasil. La fiscalización sobre la integridad de represas mineras y los protocolos de seguridad ambiental se ha visto intensificada después de varios episodios previos con resultado de pérdidas humanas y daños ambientales de consideración. Según indica Europa Press, el caso de Minas Gerais volvió a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos más estrictos de control y garantía de reparación, junto con el monitoreo de órganos independientes para evitar la repetición de tragedias en los ríos y comunidades aledañas a los complejos industriales.
Las acciones cautelares solicitadas por la Fiscalía se suman a un marco de sanciones económicas implementado por el gobierno estatal y federal, en el que la cuantificación de multas busca establecer una base sólida para futuras inversiones en restauración ambiental y, eventualmente, compensaciones a las poblaciones afectadas. Europa Press detalló que la demanda de transparencia y rigor técnico condujo al requerimiento expreso de participación de consultoras externas, cuya experiencia pueda aportar soluciones de ingeniería y manejo de residuos coherentes con la magnitud del daño reportado.
El expediente abierto contra Vale es seguido de cerca por entidades regulatorias y ambientales brasileñas, que consideran la protección del patrimonio hídrico de la cuenca de Minas Gerais como un asunto de máxima prioridad. Además, la naturaleza multimillonaria de la inmovilización de activos propuesta busca limitar posibles maniobras financieras que dificulten la reparación de los ecosistemas, y al mismo tiempo garantizar que los recursos requeridos para la ejecución de obras y penalizaciones estén preservados de eventuales disputas legales o transferencias empresariales.
Hasta el momento, la empresa Vale mantiene su postura institucional de ofrecer respuestas dentro del ámbito jurídico y no ha hecho declaraciones públicas sobre las exigencias de contratar expertos independientes ni sobre las medidas cautelares relativas a la mina Fábrica. Según Europa Press, la centralidad de los ecosistemas afectados y el alcance de las consecuencias ambientales han placedo la responsabilidad de la minera bajo la lupa, mientras los procedimientos judiciales y administrativos avanzan para delimitar los pasos a seguir en la mitigación del daño.
