El Consejo Nacional Electoral de Colombia impuso una sanción económica a Ricardo Roa en noviembre al determinar que la campaña presidencial de Gustavo Petro, que él gerenciaba en 2022, rebasó los topes legales de gasto por más de 5.000 millones de pesos —el equivalente a 1,1 millones de euros—, tal como difundió El Tiempo. Esta infracción llevó a la Fiscalía General de la Nación a considerar formular cargos en contra de Roa, quien actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol, principal empresa energética estatal del país, tras haber asumido el puesto en abril de 2023.
Según publicó El Tiempo, la Fiscalía General planea imputar a Roa por supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Petro, periodo durante el cual se habría incurrido en violaciones a las normas que establecen los límites de gasto electoral. El proceso judicial abierto contra Roa se suma a la multa ya impuesta meses atrás, lo que vuelve a situar bajo la lupa la transparencia y legalidad en la financiación de la contienda electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, según informó el medio colombiano.
La investigación sobre la gestión de recursos durante la campaña no es el único frente judicial que enfrenta Roa. De acuerdo a lo que consignó El Tiempo, la Fiscalía desarrolla en paralelo otra pesquisa por presunto tráfico de influencias. Este proceso se origina a partir de la compra de un apartamento en Bogotá, operación en la que Roa habría estado involucrado junto a un ejecutivo del sector petrolero. La naturaleza y detalles de la relación entre ambos actores en la transacción están siendo analizados por las autoridades para determinar si existió algún comportamiento incompatible con la función pública.
Medios locales resaltaron que la multa aplicada por el Consejo Nacional Electoral tiene su origen en el hallazgo de un exceso significativo en los recursos utilizados durante la campaña de 2022, excediendo el tope autorizado por la legislación electoral colombiana. De acuerdo con la información publicada, las investigaciones buscan establecer si Roa, en calidad de gerente de campaña, incurrió en responsabilidad penal adicional a la sanción administrativa ya aplicada.
La actuación de la Fiscalía frente a los posibles delitos atribuidos al presidente de Ecopetrol se produce en un contexto de llamadas a la integridad y el respeto por las reglas en los procesos electorales, según detalló El Tiempo. En el centro de las acusaciones figura la utilización de fondos y la transparencia en los informes presentados durante y después de la campaña, aspectos sometidos a un estricto escrutinio por parte de las entidades de control.
La causa relacionada con la compra del inmueble por Roa se analiza por posible tráfico de influencias, circunstancia que implica la existencia de presiones o utilización de cargos para obtener ventajas indevidas. Esta diligencia de la Fiscalía se suma a las investigaciones sobre el origen y destino de los recursos de la campaña presidencial, cuyo balance supera ampliamente los límites admitidos, según los reportes citados por el periódico El Tiempo.
El entorno político y empresarial colombiano permanece atento a los avances de estas dos investigaciones, dada la relevancia institucional de Ecopetrol y el impacto de las decisiones judiciales sobre su liderazgo. La resolución de los procesos abiertos podría influir en la permanencia de Roa al frente de la mayor compañía petrolera del país y en la percepción sobre la transparencia tanto en la política como en la gestión pública, tal como han recogido distintos medios, entre ellos El Tiempo.
