En la mañana del lunes 9 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y el exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos en la Fundación Universitaria San José.
El ente acusatorio también solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria contra los dos procesados, quienes deberán responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
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La medida responde al escándalo que involucra los documentos académicos que Guerrero usó para posesionarse como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
“Con ocasión de la expedición de los títulos de Contadora pública y lo que tiene que ver con Tecnóloga en Gestión Contable, que acreditó a Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad y Equidad (…) documentos que fueron publicados en el Sigep para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el primero de julio (2025) sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera.
Según la investigación del ente acusatorio, la joven exfuncionaria habría cometido varias irregularidades para la obtención de los títulos académicos.
“De acuerdo con la investigación, (Juliana Guerrero) no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación”, manifestó la funcionaria.
Por último, Jaramillo Rivera recalcó que las pruebas contra Guerrero y Gutiérrez son contundentes, por lo que espera que su acusación sea avalada por los jueces de la república.
Cronología del caso
El nombre de Juliana Guerrero apareció inicialmente a la opinión pública en febrero de 2025 cuando el presidente Gustavo Petro la presentó durante el primer consejo de ministros televisado.
Tras ello, la exfuncionaria estuvo vinculada en un escandalo de vuelos misteriosos que habría realizado en un avión de la Policía el 19 y 20 de junio de 2025 al departamento del Cesar, con el objetivo de que el Gobierno pudiera tomar el control de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Sin embargo, la gran polémica de Juliana Guerrero surgió en agosto de 2025, cuando fue divulgada su hoja de vida en la página web de la Presidencia para el cargo de Viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, en medio de la llegada de Juan Carlos Florían como titular de la cartera.
Allí, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, alertó que la joven iba a ocupar los cargos sin tener en cuenta los requisitos establecidos como los títulos profesionales y la realización de la prueba SaberPro o Saber TyT, hecho que fue corroborado por el Instituto de Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
“Hay fraude en su título. Esto es corrupción. Pese a ello hoy Juan Florián insistió que tiene la puerta abierta para ser viceministra. ¿Van a seguir incurriendo en delitos? ¡Respeten al país!”, indicó la congresista en su cuenta de X.
Además, la representante indicó que la hoja de vida de Guerrero fue publicada en dos oportunidades, resaltando que en la primera versión, no contaba con el título universitario mencionado, mientras que en el segundo, si aparece.
En su momento, Guerrero negó irregularidades sobre su título universitario y alegó que todo obedecía a decisiones internas del centro universitario. “A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. En teoría, no me van a quitar el título. Debo cumplir el requisito que falta, que es presentar las Saber Pro, y así saldar esa obligación (…) la verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos”, mencionó en declaraciones a Noticias Caracol.
La Fundación San José finalmente anuló el título y despidió a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, por facilitar la expedición sin los exámenes requeridos. Guerrero, mientras tanto, denunció penalmente a Pedraza por calumnia y violación de datos, pero la audiencia de conciliación prevista en noviembre de 2025 se postergó por motivos personales.