Madrid, 11 feb (EFE).- La Fiscalía y la Abogacía del Estado español han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, uno de los protagonistas del fracasado intento independentista de 2017, ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía.
El Ministerio Público y la Abogacía – el servicio jurídico del Estado español – presentaron sus escritos ante el Constitucional en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza el diario El Español y confirmaron a EFE fuentes jurídicas.
Ambas entidades consideran que el Supremo debió aplicar la amnistía al líder independentista y critican la interpretación que los magistrados hicieron de la malversación con una forma de actuar que tachan de «irrazonable y arbitraria».
Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión del Constitucional sobre la amnistía está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.
El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio «en un contexto real de reconciliación política y social» y que «no existe un vínculo» directo entre los gastos del procés (el proceso por el que organizaron un referendum para votar la independencia de Cataluña) y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.
Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al Supremo su aplicación.
Desde 2017 Puigdemont está fuera de España, con residencia en Bélgica, para eludir la acción de la justicia española por su participación en el citado proceso independentista.
Sobre él pesa una orden de detención dictada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo LLarena, lo que frena su regreso a España y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional, que en enero mantuvo la orden de detención en España, es no desautorizar la actuación del juez europeo y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.
Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme sobre su recurso al no aplicarle la amnistía. EFE
