Las demandas de participación de las víctimas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la supervisión de la futura ley de amnistía tomaron protagonismo durante la reunión sostenida entre representantes de ONG venezolanas y miembros de la Asamblea Nacional encargados de revisar la normativa. Según informó Europa Press, Gonzalo Himiob, quien encabeza la ONG Foro Penal dedicada al seguimiento de casos de presos políticos, afirmó que este encuentro permitió canalizar objeciones y sugerencias relativas al texto inicial, presentado por el Gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez.
Europa Press detalló que Himiob destacó como relevante la apertura de este espacio de diálogo, considerando que, tras años de solicitudes de inclusión y mayores garantías de transparencia, se ofreció una plataforma para expresar inquietudes y propuestas. Durante la intervención ante la comisión parlamentaria, las organizaciones plantearon observaciones técnicas, solicitando que el proyecto de ley se ajuste a las circunstancias actuales y a las expectativas de las personas afectadas. En este sentido, Himiob subrayó que la ley de amnistía debe “ser lo más amplia posible” y enfatizó la importancia de involucrar a las víctimas, a los organismos de defensa de derechos y a la sociedad civil en los mecanismos de control y seguimiento.
El representante de Foro Penal indicó, de acuerdo con Europa Press, que la tramitación del marco legal no debe obstaculizar el proceso de excarcelaciones iniciado semanas atrás, luego de los arrestos en Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a principios de enero. Según cifras citadas por Himiob y recogidas por Europa Press, más de 700 personas han sido liberadas en este periodo, y la organización insiste en mantener este proceso paralelo a la discusión legislativa.
En mensajes difundidos en redes sociales y citados por el medio, Himiob expresó que “las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado”. Esta afirmación hace referencia al histórico reclamo por incorporación real de las voces directamente afectadas al proceso, señalando que hasta ahora esa visibilidad había sido mínima o inexistente.
Por otra parte, Europa Press reportó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, formó parte de los trabajos de la comisión y, al concluir la jornada, definió el encuentro como “fructífero”. Rodríguez reiteró el compromiso del Poder Judicial con el diálogo, el respeto entre sectores con diferentes posturas y la búsqueda de consensos dentro del proceso actual. En palabras difundidas por Europa Press, Rodríguez señaló la importancia de escuchar “a todos los sectores, más allá de nuestras diferencias y de las maneras distintas que podamos tener ante un acontecimiento”.
El medio informó que, tras la aprobación inicial del texto legal el pasado jueves, la Constitución venezolana exige someter el proyecto de ley a dos debates legislativos en días separados. A raíz de la validación parlamentaria del primer borrador, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la conformación de una comisión presidida por el diputado Jorge Arreaza, con el mandato de organizar consultas amplias sobre los alcances y contenido de la propuesta de amnistía.
La ley en revisión busca responder tanto a exigencias históricas de restitución de derechos como a circunstancias recientes derivadas de detenciones y procesos políticos. Europa Press precisó que una de las cuestiones centrales planteadas en la sesión refiere a cómo ajustar el alcance de la amnistía, de manera que no excluya a víctimas ni favorezca restricciones indebidas, garantizando que la normativa responda a la coyuntura nacional y a los reclamos de justicia y reparación.
Durante la jornada, las ONG participantes subrayaron que la aprobación de una ley de esta naturaleza no solo se refleja en la puesta en libertad de condenados o procesados, sino también en su repercusión sobre las expectativas de miles de personas directamente afectadas o familiares de quienes enfrentaron cargos por motivaciones políticas. Forum Penal reiteró, según recogió Europa Press, que sus aportes al articulado del proyecto buscan repercutir en un texto final que refleje el contexto y las necesidades de las víctimas.
La existencia de desacuerdos en torno a aspectos técnicos de la ley también formó parte de las discusiones, especialmente en lo referido a quiénes quedarían comprendidos bajo el alcance de la amnistía y cómo se verificaría su implementación y supervisión. Las organizaciones plantearon dudas sobre posibles limitaciones de la normativa y solicitaron establecer procedimientos claros para asegurar que la revisión de casos responda tanto a criterios jurídicos como al respeto por los derechos humanos, según detalló Europa Press.
El debate sigue abierto en la comisión parlamentaria, que deberá incorporar las recomendaciones presentadas antes de convocar el segundo debate legislativo, previsto en la carta magna venezolana. Carla Rodríguez reiteró en su intervención que el compromiso institucional es propiciar escenarios de intercambio y revisión de posturas, señalando según Europa Press que la discusión debe trascender intereses particulares y atender la pluralidad social y política.
El proceso de consulta, articulado por la comisión presidida por Jorge Arreaza, reunirá en próximas sesiones testimonios y sugerencias para enriquecer el articulado del proyecto, mientras persiste la petición de que la inclusión efectiva de víctimas, abogados y familias figure dentro de los mecanismos formales de aplicación y evaluación de la ley. Sobre este punto, los representantes de la sociedad civil insistieron en la importancia de “corregir aspectos técnicos” para que la legislación resulte pertinente ante el “momento histórico” descrito por Gonzalo Himiob y por los colectivos involucrados, según recogió Europa Press.
