La trágica muerte de Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea, no solo provocó conmoción por el fatal atropello que terminó con su vida, sino que también destapó una cadena de consecuencias para quienes rodearon al principal acusado, Adrián Villar. En el centro de la tormenta mediática quedó Francesca Montenegro, influencer de moda y empresaria digital, cuya imagen pública y carrera profesional se desplomaron en cuestión de días.
De la cima digital al ojo del huracán
Hasta hace poco, Francesca Montenegro era reconocida como una joven privilegiada y talentosa, con estudios en Florencia, experiencia en Fashion Business, miles de seguidores en TikTok e Instagram, y una presencia consolidada como referente en moda, viajes y estilo de vida. Sus colaboraciones con marcas de lujo y emprendimientos propios, como la marca The Body Brand, la posicionaban como un caso de éxito en el ecosistema digital peruano.
El punto de quiebre llegó con el caso Marzano. Según reconstrucciones de programas como Magaly TV La Firme” la noche del accidente Villar y Montenegro tuvieron una cena junto a otras dos personas. Lo que ocurrió después, entre el final de esa reunión y el momento en que Villar atropelló a Lizeth Marzano, sigue sin esclarecerse.
Horas más tarde, Villar fue captado en la vivienda de Francesca; posteriormente, cámaras de seguridad registraron reuniones en un parque de San Isidro entre Villar, Montenegro, sus respectivos padres y la periodista Marisel Linares.
La difusión de estos videos, varios días después del accidente, puso en duda la versión de Montenegro. Al ser expuesta públicamente, la influencer –y su familia– acudieron de manera voluntaria a la policía para declarar y responder ante la prensa. En sus primeras palabras, Francesca negó haber estado presente en el momento del atropello, afirmó que ya no era pareja de Villar y aseguró que, desde que se enteró de lo sucedido, exigió que se entregara a la justicia.
Silencio, estrategia digital y presión social
El intento de Francesca por desmarcarse del caso incluyó una estrategia digital: restringió y borró comentarios en sus redes, eliminó fotos y videos con Villar y optó por el silencio durante los primeros días. Sin embargo, la presión de la opinión pública y la aparición de imágenes que la ubicaban junto al acusado después del atropello generaron sospechas de encubrimiento. El hermano de la víctima, Gino Marzano, fue categórico al señalar la participación de Montenegro y su padre en las reuniones posteriores al hecho, calificando su actitud como encubrimiento.
Mientras la fiscalía abría líneas de investigación para determinar si hubo ayuda de terceros para evadir la justicia, la influencer intentaba sostener su versión: en todas sus declaraciones afirmó haber exigido la entrega de Villar y negó cualquier vínculo actual con él o su entorno. Estas palabras, sin embargo, no lograron calmar el rechazo social ni convencer a la comunidad digital, que la acusó de victimizarse y de buscar proteger su imagen antes que solidarizarse con la familia de la víctima.
El escrutinio no tardó en trasladarse al ámbito profesional. Marcas, empresas de moda y la agencia Collabs, que hasta ese momento gestionaba su carrera como influencer, anunciaron la cancelación inmediata de todos los contratos y vínculos comerciales. En un comunicado público, Collabs dejó clara su postura de no tolerar conductas que comprometan sus valores institucionales, enfatizando el compromiso con la ética y la responsabilidad ante situaciones de alta sensibilidad social.
El golpe definitivo: fuera de su propio emprendimiento
El desenlace más contundente para la carrera de Francesca Montenegro llegó desde su propio círculo. The Body Brand, el emprendimiento de ropa femenina que cofundaba junto a Ángela Kubota, anunció oficialmente la desvinculación de Montenegro, argumentando respeto a la memoria de Lizeth Marzano y a su familia. El comunicado explicaba que la medida respondía a un contexto sensible y a criterios de prudencia y consideración frente a la comunidad.
La decisión generó dudas y debate en redes sociales: muchos usuarios se preguntaron si era legalmente posible “despedir” a una socia fundadora y especularon que todo respondía a una estrategia para salvar la reputación y las ventas del negocio. La propia Kubota se encargó de aclarar que, legal y registralmente, Francesca Montenegro no ejercía ninguna función en la marca y que nunca fue dueña. En un mensaje dirigido al tiktoker Ric La Torre, la emprendedora precisó que se enteró de todo por la prensa y que continuará sola con la dirección del negocio.
La desvinculación de Montenegro de su propio emprendimiento significó el cierre de una etapa. Su imagen, antes asociada al éxito, la moda y la vida aspiracional, quedó dañada por la percepción de falta de transparencia y compromiso ético en una situación que conmocionó al país. Los contratos comerciales cancelados y el repudio en redes sociales terminaron por aislarla del entorno digital y empresarial que la había impulsado.
Mientras la investigación fiscal sigue su curso y la familia de Lizeth Marzano exige justicia, Montenegro permanece alejada de la vida pública, limitando sus declaraciones a lo estrictamente legal y tratando de cuidar su “paz personal” en medio del escándalo.
Colegio de Abogados de Lima evalúa sanciones contra el padre de Francesca Montenegro
El entorno de Francesca Montenegro continúa bajo el escrutinio público, ahora con la mirada puesta sobre su padre, el abogado Juan Montenegro. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) confirmó que está evaluando posibles sanciones, incluida la expulsión, tras la presunta participación de Montenegro en el encubrimiento de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello y muerte de Lizeth Marzano. Según el decano del CAL, Raúl Canelo, el caso involucra tanto aspectos penales como éticos.
Imágenes difundidas por medios de espectáculos mostraron a Juan Montenegro reuniéndose con la familia de Villar poco después del accidente, presuntamente para coordinar una estrategia legal una vez vencido el periodo de flagrancia. Además, el acusado habría permanecido en la vivienda de la influencer, lo que para el CAL podría ser considerado un encubrimiento personal.
El decano advirtió también sobre la posibilidad de encubrimiento real si se comprueba que el vehículo fue ocultado o se alteraron pruebas, lo que agrava la situación legal y podría derivar en cargos adicionales. De confirmarse las faltas, los órganos deontológicos y el Consejo de Ética del CAL analizarán las medidas disciplinarias, que van desde una amonestación hasta la expulsión.