Este 27 de enero de 2026, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que una parte del magisterio distrital no recibiría su salario en la fecha acostumbrada, lo que activó una controversia pública con el Ministerio de Educación Nacional.
La situación fue reportada inicialmente por Semana y se originó en los tiempos de giro de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo con el que se financia una porción relevante de la nómina docente en las entidades territoriales.
De acuerdo con la explicación entregada por la administración distrital, solo los maestros cuyos salarios se cubren con recursos propios del Distrito tendrían su pago el miércoles 28 de enero, mientras que el resto dependería de la transferencia que debía realizar el Ministerio de Educación.
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La Secretaría señaló que, sin ese giro, no era posible cumplir de manera simultánea con el pago total de la nómina.
La información fue divulgada por la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, quien aseguró que esta situación no tenía precedentes recientes. Según manifestó, por primera vez en cerca de 20 años el Gobierno nacional no habría efectuado oportunamente la transferencia necesaria para cumplir los compromisos salariales con los docentes de la capital. En su pronunciamiento, indicó además que el Distrito había advertido desde septiembre de 2025 sobre la posibilidad de un escenario de este tipo.
Tras conocerse la denuncia pública del Distrito, el ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió mediante un mensaje publicado en la red social X.
En su pronunciamiento, dirigido específicamente a los docentes de Bogotá, afirmó: “Maestros y maestras de Bogotá, no se dejen engañar por funcionarios malintencionados que no escatiman oportunidad para estigmatizarles”.
De forma paralela, el Ministerio de Educación difundió un comunicado en la misma red social en el que sostuvo que no existe retención alguna de la nómina docente y que los giros del SGP se realizan conforme a lo establecido en la normativa vigente. En ese trino, la cartera explicó que las transferencias del sistema se efectúan en los últimos días de cada mes, y que una vez los recursos llegan a las entidades territoriales, estas cuentan con un plazo breve para adelantar los pagos correspondientes.
El Ministerio precisó que el procedimiento administrativo del SGP responde a un calendario legal previamente definido y que no se trata de un mecanismo discrecional. Según la entidad, los tiempos de giro no han sido modificados y se mantienen dentro de los márgenes establecidos para garantizar el funcionamiento del sistema educativo en todo el país.
En su pronunciamiento oficial, la cartera de Educación también indicó que se están adelantando los trámites necesarios para asegurar que todos los docentes del país reciban su salario dentro de los términos legales. En ese contexto, reiteró que el compromiso institucional está orientado al respeto de los derechos laborales, la dignidad de los maestros y el cumplimiento de las garantías que rigen la relación del Estado con el magisterio.
Desde la perspectiva del Distrito, el pago de la nómina docente en Bogotá involucra a miles de trabajadores del sector educativo, lo que convierte cualquier retraso en los giros nacionales en un factor crítico para la operación administrativa. La Secretaría de Educación señaló que la dependencia de los recursos del SGP hace que la puntualidad en las transferencias sea determinante para cumplir con los acuerdos históricos de pago.
La discusión se dio en un contexto de alta sensibilidad para el sector educativo, en el que los calendarios de pago y la estabilidad laboral son asuntos de seguimiento permanente por parte de sindicatos y autoridades territoriales. Según lo expuesto por el Distrito, la falta de recursos en las fechas previstas afecta la planeación financiera y genera incertidumbre entre los docentes.
Por su parte, el Ministerio insistió en que los giros se están efectuando conforme a la ley y que las entidades territoriales deben ajustar sus procesos internos a los tiempos del sistema. La cartera señaló que la información difundida sobre una supuesta retención podría generar confusión entre los maestros y reiteró que el flujo de recursos no ha sido interrumpido.
La controversia evidenció diferencias en la interpretación de los tiempos administrativos entre el Gobierno nacional y la administración distrital. Mientras Bogotá sostuvo que la demora ponía en riesgo el pago oportuno, el Ministerio defendió que los plazos se encuentran dentro del marco legal y que no existe incumplimiento por parte de la Nación, según lo consignado por Semana.
