El Ministerio de Hacienda prevé adelantar la liquidación del sistema de financiación autonómica con el objetivo de que las comunidades autónomas reciban antes los fondos vinculados a la recaudación real, una medida que se enmarca dentro del debate parlamentario sobre la futura ley de financiación territorial en España. Según informó El País, y tal como confirmó Europa Press, el Gobierno ha trasladado a los gobiernos regionales su intención de modificar la relación entre las entregas a cuenta y el calendario de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta gubernamental plantea que estos pagos anticipados dejen de depender del ciclo presupuestario estatal.
El medio El País detalló que Hacienda ha sugerido incluir esta desarticulación de las entregas a cuenta como una de las novedades que compondrán la nueva normativa de financiación autonómica actualmente bajo negociación. Según fuentes recogidas por Europa Press, la mecánica tradicional en la que la Administración General del Estado recibe los fondos de los impuestos compartidos y, posteriormente, distribuye cálculos preliminares de recursos a las comunidades durante el año fiscal anterior, podría verse alterada. Esta fórmula implica que, independientemente del comportamiento real de los ingresos tributarios, las comunidades perciben un monto fijo previamente determinado, con una liquidación posterior que ajusta la diferencia a los dos años, en función de la recaudación final.
En situaciones previas en las que el Estado prorroga los Presupuestos Generales, la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se ha realizado mediante la aprobación de reales decretos-ley. No obstante, el Ministerio pretende institucionalizar una modalidad que garantice estos flujos financieros regulares sin la necesidad de emplear esa vía legislativa extraordinaria, garantizando así mayor certidumbre y estabilidad a los gobiernos autonómicos.
La reforma propuesta por el Gobierno recoge además la posibilidad de que las comunidades autónomas opten por un modelo de “caja compartida”. Según publicó El País, el nuevo modelo permitiría que los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) fluyan de forma simultánea tanto al Estado como a las administraciones autonómicas. Para que un territorio pueda acogerse a este esquema, deberá expresar formalmente su decisión a través de la comisión mixta correspondiente con la Administración central, y dicha elección se mantendrá vigente durante un periodo mínimo de cinco años, según la propuesta difundida.
Adicionalmente, Hacienda ha puesto sobre la mesa la negociación de nuevas condiciones que posibiliten realizar las liquidaciones mucho antes, acelerando así el acceso de los gobiernos regionales a los fondos que generan sus propios territorios. La intención expresada en las discusiones, según señaló Europa Press, apunta a corregir las demoras que han caracterizado hasta ahora el sistema, en el que las autonomías ven reflejado el posible incremento en la recaudación con un retraso de hasta dos ejercicios fiscales.
Este planteamiento surge en un contexto de creciente preocupación por la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que dependen en gran medida de estos anticipos y liquidaciones para la prestación de servicios públicos fundamentales. Tanto El País como Europa Press remarcaron que con esta reforma, el Ejecutivo busca que las comunidades cuenten con un marco más previsible y menos sujeto a los ritmos de aprobación parlamentaria del Estado, con potencial impacto en la gestión presupuestaria regional.
El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica continúa abierto, con la perspectiva de que tanto las entregas a cuenta como el método de distribución de los fondos experimenten cambios de calado si prosperan las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Hacienda en el marco legislativo y de concertación entre las administraciones.
