Nairobi, 21 ene (EFE).- Cualquier decisión sobre las Islas Chagos debe respetar los derechos de su pueblo nativo, que fue expulsado de su tierra por el Reino Unido y EE.UU. hace medio siglo, afirmó la organización Human Rights Watch (HRW), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de «GRAN ESTUPIDEZ» el acuerdo para el retorno del archipiélago a Mauricio.
«Los derechos de los chagosianos deben ser el centro de este debate, incluyendo su derecho a regresar a vivir en su tierra natal y a recibir reparaciones por los crímenes cometidos contra ellos», señaló Clive Baldwin, asesor legal sénior de HRW, en un breve comunicado emitido a última hora del martes.
La organización recordó que «el Reino Unido, que controla las islas, obligó a todos los residentes del archipiélago del océano Índico, junto con EE.UU., a irse hace medio siglo para que EE.UU pudiera construir una base militar en la isla Diego García».
«A los chagosianos nunca se les ha permitido regresar», aseveró HRW, que ya criticó en el pasado que la población nativa no participó de manera significativa en las negociaciones del pacto.
La ONG difundió este mensaje después de la polémica desatada por los comentarios del mandatario estadounidense, quien afirmó en su red social Truth Social que la entrega de Chagos es una de las razones por las que Washington debe hacerse con el control de Groenlandia, parte del Reino de Dinamarca, al considerar que, si no lo hace EE.UU., lo harán Rusia o China.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, confirmó el pasado mayo que rubricó el acuerdo sobre Chagos, anunciado en octubre de 2024, si bien la legislación para finalizar el pacto se encuentra aún en trámite en el Parlamento británico.
El primer artículo del texto indica que «Mauricio es soberana sobre el archipiélago de Chagos en su totalidad, incluyendo Diego García», isla que alberga una base militar estadounidense-británica, cuyo control fue el punto más crítico de las negociaciones por su localización e importancia geoestratégicas.
El pacto implica un arrendamiento por un coste medio de 101 millones de libras al año (unos 116 millones de euros) que permite al Reino Unido mantener el control de la base a largo plazo, de forma «segura y efectiva» y de manera conjunta con EE.UU. durante un periodo inicial de 99 años, con posibilidad de extenderlo por 40 más.
Como recordó HRW, la construcción de esa base entre 1967 y 1973 provocó la expulsión de la población local y su reubicación a Mauricio, Seychelles o Inglaterra.
El Gobierno mauriciano sostuvo durante mucho tiempo que se vio obligado a entregar Chagos a cambio de su propia independencia, lograda en 1968, tras llegar Londres a un acuerdo secreto con Washington para el control de Diego García.
El pasado junio, expertos de la ONU alertaron de que el acuerdo con el Ejecutivo de Starmer no contempla los derechos de la población expulsada y afirmaron que los términos debían renegociarse. EFE