La querella presentada por Sentinel Alliance detalla que CitizenLab identificó a Joan Matamala como la primera víctima de una infección informática por el software Candiru, mientras que Jordi Baylina habría sido vigilado durante una visita a Suiza. Esta información se suma a una investigación judicial en curso, cuyo eje central es el supuesto espionaje mediante programas como Pegasus y Candiru a personas relacionadas con el entorno independentista catalán. Según informó Europa Press tras acceder a los documentos judiciales, la jueza de Barcelona ha imputado a altos exresponsables estatales de seguridad y a directivos de compañías vinculadas al desarrollo y la venta de software espía, ordenando nuevas diligencias para esclarecer el alcance de las operaciones.
Entre los imputados figuran los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, así como la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Conforme publicó El País, la titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona también ha incluido en la investigación a fundadores y responsables de NSO Group Technologies Ltd —la empresa israelí creadora de Pegasus— y de sus filiales europeas, Q Cyber Technologies y OSY Technologies, ambas radicadas en Luxemburgo. Además, se ha incorporado como imputados a directivos de Saito Tech Ltd, la firma responsable del programa espía Candiru.
La investigación comenzó formalmente en septiembre, una vez que se aceptó la querella de Sentinel Alliance en representación de cinco empresarios catalanes presuntamente afectados. Conforme difundió Europa Press, las acciones judiciales apuntan a la posible comisión de delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos informáticos y el acceso no autorizado a sistemas informáticos.
En la querella se especifica que, tras el hallazgo por parte de CitizenLab de la intrusión en el ordenador de Joan Matamala, se han detectado otras infecciones que podrían corresponderse con la utilización de Candiru y Pegasus. En el caso de Jordi Baylina, los abogados alegan que la vigilancia se realizó en territorio suizo, un dato que amplía el alcance internacional de las supuestas intervenciones.
Según publicó El País, la parte acusadora ha solicitado a la jueza que requiera al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos que pertenecerían al CNI, con el objetivo de esclarecer si existieron órdenes o autorizaciones oficiales para estos seguimientos. También han pedido la citación de Paz Esteban para que rinda declaración en relación con los hechos y han solicitado a la magistrada que recabe información directamente a Israel sobre las operaciones de NSO Group.
Adicionalmente, la magistrada ha requerido la elaboración de informes técnicos por parte de los Mossos d’Esquadra. Estos informes buscarán determinar con precisión si los dispositivos electrónicos de los afectados presentan indicios de infección por los programas de espionaje objeto de investigación, según lo consignó Europa Press. Se pretende establecer así una conexión directa entre las actuaciones denunciadas y el software proporcionado por las empresas imputadas.
Tanto Pegasus como Candiru son herramientas diseñadas para la vigilancia digital de dispositivos, cuyo uso recurrente en contextos polémicos ha motivado investigaciones en diferentes jurisdicciones. Según lo reportó Europa Press, las empresas desarrolladoras y sus responsables se encuentran bajo sospecha por la presunta colaboración o venta de estos programas a entidades que podrían haber utilizado dichos recursos para vigilar a actores vinculados al independentismo catalán.
La causa está siendo instruida por la titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, que ha ampliado el listado de personas investigadas en función de los elementos recabados en las fases iniciales. Según El País, entre las diligencias solicitadas figuran el requerimiento de información internacional y la ampliación de testimonios, medidas destinadas a reconstruir la cadena de mando y la eventual implicación de organismos oficiales.
Europa Press ha detallado que las investigaciones sobre el uso de spyware, como Pegasus y Candiru, han provocado alarma social y han puesto el foco sobre los métodos de obtención de datos confidenciales, la privacidad de las comunicaciones y los controles efectivos sobre la adquisición y empleo de programas de espionaje por parte de organismos estatales y sus proveedores tecnológicos.
Estas actuaciones se encuentran en fase de instrucción, en la que la jueza busca depurar responsabilidades tanto de los ex altos cargos de la administración española como de los ejecutivos de empresas tecnológicas con base en Israel y Europa asociadas al desarrollo y comercialización de spyware, según ha consignado Europa Press. Las diligencias en marcha permitirán sostener, a partir de testimonios y peritajes, el avance del caso en los juzgados de Barcelona.
