El arresto de la dueña de la guardería de Algemesí se derivó de las denuncias del propio personal del centro, quienes alertaron de posibles actos de maltrato hacia los menores bajo su cuidado. Este contexto motiva ahora que la justicia cite a declarar, en calidad de investigada, a una empleada del establecimiento, con el objetivo de esclarecer si incurrió en alguna conducta omisiva relacionada con los mismos hechos. Según reportó Europa Press, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmaron que la trabajadora será interrogada en el marco de la investigación que lleva adelante el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira.
El propietario del caso, de acuerdo con Europa Press, busca determinar si la trabajadora, quien estaba de baja cuando fue detenida la dueña, tuvo alguna responsabilidad por omisión ante los supuestos malos tratos que ahora se investigan judicialmente. Según publicó el medio, la propietaria, una mujer de 55 años, figura como investigada desde el inicio del proceso. El juzgado dispuso contra ella varias medidas cautelares: la prohibición de acercarse a los menores matriculados, la imposibilidad de contactar con ellos por cualquier medio, la restricción de acudir al centro durante el curso de la causa y la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, vinculada con menores de edad mientras se resuelve el caso.
Según detalló Europa Press, la investigación judicial se centra en presuntos delitos de maltrato habitual a menores y un delito continuado de vejaciones injustas, todos cometidos contra niños de entre nueve meses y tres años. La información policial recoge que la dueña fue arrestada a finales de enero tras conocerse que, presuntamente, zarandeaba, vejaba, golpeaba y mantenía encerrados a los menores en habitaciones sin supervisión. Estos hechos, según consta en ABC, quedaron en evidencia a través de 21 videos grabados por una trabajadora durante cinco meses, los cuales fueron entregados a la Policía Nacional como medio probatorio.
La documentación audiovisual presentada por la trabajadora –según informó ABC– revela situaciones como empujones a los menores, acciones como taparles la boca y la nariz con la mano hasta provocar arcadas, y el uso de una chincheta para pinchar a un niño que permanecía sin zapatos. También se incluye la acusación de obligar a los menores a comer bajo presión, integrando esta evidencia el cuerpo central del expediente judicial.
Europa Press informó además que, tras el cierre de la guardería por resolución judicial, la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Algemesí coordinaron acciones para garantizar la continuidad escolar de los niños afectados. Una vez identificadas y filiadas las familias implicadas, ofrecieron alternativas para el traslado de los menores a otros centros. El magistrado a cargo solicitó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional la remisión de los datos completos de los menores y de sus responsables legales con el fin de asegurar su protección durante el proceso.
Dentro del sumario, la detenida enfrenta las acusaciones sobre la base de los testimonios del personal de la guardería y de los videos recopilados, que asocian acciones físicas directas y vejaciones verbales recurrentes como parte de una actitud reiterada hacia los niños. El desarrollo del caso sigue abierto, con la toma de declaración pendiente de la empleada citada por el juzgado para determinar el alcance de su responsabilidad por omisión, de acuerdo con lo que consignó Europa Press.
La instrucción del caso involucra a instituciones públicas del ámbito local y autonómico, en coordinación para atender las circunstancias individuales de cada menor afectado y sus familias. Las medidas impuestas a la propietaria tienen vigencia mientras continúe la investigación penal, lo cual busca, según las autoridades judiciales, resguardar la integridad de los niños que asistían al centro infantil de Algemesí.
