El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó la supuesta existencia de planes para «ahorcar» a manifestantes detenidos tras las protestas recientes, desmintiendo así las alertas de una ONG sobre una ejecución «inminente» contra Erfan Soltani. Este joven fue arrestado a principios de enero en el contexto de las movilizaciones sociales motivadas por la crisis económica, y su caso ha suscitado preocupación internacional. Según informó la agencia IRIB y otros medios oficiales iraníes, Soltani permanece bajo prisión preventiva, pero no se enfrenta a la pena capital, sino a cargos que según la legislación vigente podrían derivar en una condena de prisión.
El medio IRIB señaló que un portavoz del aparato judicial iraní desestimó las acusaciones de la organización no gubernamental Hengaw, que había advertido sobre una presunta inminencia en la ejecución de Soltani tras lo que describe como un «proceso judicial rápido y opaco». De acuerdo con la televisión estatal iraní, dicho portavoz puntualizó que «Erfan Soltani no ha sido condenado a muerte» y calificó las denuncias de la ONG como parte de intentos de algunos medios opositores para generar noticias falsas y presionar al gobierno.
El caso de Soltani, de 26 años, cobró relevancia en el marco de unas protestas que, según IRIB y medios estatales, estuvieron marcadas por la participación de supuestos agentes externos y la infiltración de lo que denominaron «elementos terroristas» en las marchas. Según detalló la jurisdicción iraní, el joven permanece recluido en una prisión de Karaj tras ser detenido el 10 de enero. Se le acusa de «colusión contra la seguridad interna del país y actividades de propaganda contra el régimen», cargos que, de acuerdo con la interpretación oficial, no contemplan la pena de muerte sino el encarcelamiento.
La controversia sobre la supuesta condena a muerte fue agravada por la reacción internacional. De acuerdo con IRIB, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Teherán contra eventuales ejecuciones de manifestantes, anunciando posibles «acciones muy firmes» en caso de que se lleven a cabo. Frente a esta presión, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recalcó que «no existen planes» para ejecutar a los arrestados en las protestas y reafirmó la postura gubernamental en contra de tal medida.
Las movilizaciones en Irán y la respuesta gubernamental han sido motivo de versiones contradictorias. El ministro Araqchi sostuvo que tras las manifestaciones se esconden grupos armados y actores extranjeros, a quienes acusó de disparar contra las fuerzas del orden y tratar de sembrar el caos. Según IRIB, las autoridades han estimado que los muertos durante los disturbios se cuentan por «cientos», una cifra inferior a la reportada por organizaciones internacionales como Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, la cual ha contabilizado al menos 3.428 fallecidos.
Varios funcionarios y portavoces del gobierno iraní, según consigna IRIB, han acusado a Estados Unidos e Israel de incitar las protestas y respaldar los disturbios con el fin de propiciar una intervención militar extranjera en el país centroasiático. Dichos portavoces manifestaron su disposición a mantener canales de diálogo con Washington a fin de solucionar los desacuerdos bilaterales, aunque aseguraron que el gobierno iraní se encuentra preparado para afrontar cualquier escalada militar.
En el ámbito nacional, las declaraciones del poder judicial y del Ministerio de Asuntos Exteriores aparecen dirigidas a reducir la preocupación local e internacional por posibles ejecuciones masivas en respuesta a las protestas. La cadena IRIB reportó que las autoridades recalcan que, en el caso de que los tribunales competentes dicten una condena por los cargos imputados a Soltani, la sentencia correspondería a una pena privativa de libertad y no a la muerte, ya que «la pena de muerte no existe en la ley para este tipo de cargos», según recogió el canal estatal.
Por otro lado, organizaciones como Hengaw e Iran Human Rights han venido mostrando preocupación por supuestas prácticas de judicialización acelerada y procesos con escasa transparencia en contra de los detenidos, quienes, bajo su perspectiva, afrontan procedimientos legales desprovistos de garantías. Las ONG insisten en la gravedad de la situación de derechos humanos ante el saldo de víctimas y arrestos inéditos desde el inicio de las sucesivas protestas derivadas de la crisis económica y el empeoramiento de las condiciones de vida en el país.
