El sindicato Jupol informó que en los últimos años la Dirección General de la Policía tiene conocimiento de ocho denuncias internas por presuntos abusos sexuales o laborales cometidos en delegaciones diplomáticas, de los cuales tres involucran a funcionarios que aún continúan en activo. De acuerdo con lo que expuso el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, estos datos llevan a la organización a afirmar que la denuncia por acoso contra el comisario Emilio de la Calle, presentada recientemente en la Embajada española en la India, no representa un caso aislado, sino una problemática más extendida en el ámbito diplomático policial.
Según reportó el medio, Jupol expresó su preocupación a raíz de la denuncia de una subinspectora de la Policía Nacional destinada a la Embajada de la India en 2024, quien presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra el comisario De la Calle. El sindicato transmitió su “máximo apoyo a las compañeras que han recibido este tipo de tratos”, pidiendo a la Justicia una actuación rápida para depurar responsabilidades. El comunicado de Jupol, recogido por diversas agencias, indicó que la organización insiste en la necesidad de tomar medidas inmediatas ante la existencia de múltiples casos bajo investigación interna en este tipo de destinos.
La denuncia formal presentada por la agente incluye una relación de delitos supuestamente cometidos por De la Calle: acoso, acoso laboral, lesiones continuadas, amenazas, agresión sexual, delitos contra la intimidad y acoso sexual. El medio detalló que en junio la Sala de lo Penal impuso una orden de alejamiento al comisario, quien no puede comunicarse de ninguna forma, ni directa ni indirectamente, con la denunciante. Tras la apertura de la investigación judicial, la dirección policial optó por suspenderlo de sus funciones, estado administrativo en el que continúa.
La situación del comisario investigado ya había sido objeto de atención en el pasado. Jupol recordó que en 2020, durante el periodo de confinamiento por la pandemia, formularon una denuncia contra De la Calle porque mientras era jefe en la Jefatura Superior de Cataluña en Barcelona, organizó fiestas cuando las restricciones impedían reuniones privadas. Posteriormente, según informó Jupol, fue destinado a la delegación diplomática en la India, lo que el sindicato describe como un “premio entre comillas”.
La organización sindical ha planteado una doble exigencia de responsabilidades en relación a la gestión de estos casos dentro de la Policía Nacional. El portavoz de Jupol reiteró, en declaraciones recogidas por el mismo medio, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería presentar su dimisión. Esta solicitud se suma a la realizada el lunes anterior, cuando Jupol convocó una concentración frente al Ministerio del Interior tras la querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo José Ángel González.
Además del ministro, desde el sindicato también se ha pedido la salida del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, argumentando que esta decisión contribuiría a iniciar el proceso de “limpieza de la imagen” del cuerpo, afectada por la reiteración de denuncias en ámbitos diplomáticos. Según consignó la misma fuente, la dirección de Jupol considera fundamental abordar de raíz las quejas y dotar de un entorno seguro y libre de abusos al conjunto de los miembros del cuerpo desplazados a embajadas y otras legaciones.
De acuerdo con los datos proporcionados en el comunicado, los ocho casos sobre los que se tiene constancia ocurrieron dentro de las delegaciones españolas en el exterior y han sido puestos en conocimiento de la autoridad policial vía canales internos. Tres de estos expedientes afectaron a funcionarios actualmente en activo, lo que el sindicato considera un fallo en los mecanismos de depuración y control en el seno de la institución. Jupol solicitó que se incrementen los controles y se redoblen los recursos para detectar y sancionar este tipo de conductas.
El medio también informó que la querella de la subinspectora motivó el inicio de actuaciones judiciales que derivaron en la suspensión del comisario, con restricciones precisas sobre su contacto con la denunciante y el entorno laboral en la embajada en Nueva Delhi, donde compartían oficina desde el 30 de julio de 2024.
En ese contexto, la postura de Jupol apunta a un endurecimiento en las reclamaciones, insistiendo en la necesidad de revisar de manera profunda los procedimientos de asignación de destinos en el exterior y de supervisión sobre los mandos policiales, especialmente cuando existen antecedentes de quejas formales o expedientes previos. El sindicato reiteró su petición para que cualquier acción disciplinaria o investigación en curso se comunique transparentemente al conjunto del cuerpo, para evitar la repetición de situaciones similares.
El portavoz del sindicato, Ibón Domínguez, declaró que esperan que la Justicia resuelva los hechos con celeridad y que se depuren todas las responsabilidades. El sindicato también subrayó, según publicó el mismo medio, que su intención es seguir acompañando a las víctimas y supervisando los procedimientos internos con el fin de evitar la impunidad y asegurar la rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional, tanto en territorio nacional como en las representaciones en el exterior.
