Una decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Any Lucía López Belloza resulta “inadmisible” para entrar al país y que su regreso solo resultaría posible bajo la inmediata detención y expulsión por existir una orden definitiva de deportación en su contra, de acuerdo con declaraciones de la fiscal federal Leah Foley recogidas por ABC News. Esta postura fue comunicada después de que el plazo judicial de 21 días para corregir lo que el propio federal reconoció como un “error” en la deportación de la joven expirara sin respuesta favorable.
Según informó ABC News, el caso de López Belloza comenzó cuando la estudiante universitaria, quien se encontraba legalmente en Estados Unidos, fue deportada erróneamente a Honduras durante un viaje para celebrar Acción de Gracias con su familia en Texas. Tras la deportación, la defensa de la joven inició un proceso legal argumentando que el procedimiento había violado sus derechos y solicitando su reingreso para continuar sus estudios.
Los abogados de López Belloza habían pedido al Gobierno estadounidense que se le otorgara un visado de estudiante mientras se resolvía su estatus migratorio. Sin embargo, Foley explicó que el Secretario de Estado carece de la capacidad legal para conceder dicho visado unilateralmente, por lo que la alternativa de readmisión quedaba descartada. Así, la administración Trump comunicó que no consideraba viable permitir su regreso en las condiciones solicitadas.
El medio ABC News detalló que, en una audiencia realizada el 16 de enero, el juez de distrito Richard Stearns instó al presidente Donald Trump a enmendar la deportación y consideró que la solución más simple implicaba otorgar a la estudiante un visado temporal, a fin de que pudiera reintegrarse a sus estudios universitarios en Estados Unidos mientras se definía su situación migratoria. El juez concedió 21 días a la administración para responder y le ofreció la oportunidad de rectificar la decisión antes de emitir cualquier otra orden.
Durante este periodo, el caso de López Belloza atrajo la atención pública en un clima de tensión con respecto a la política migratoria en Estados Unidos, según consignó ABC News. En Minneapolis, las protestas contra la política migratoria federal aumentaron, especialmente después de un incidente en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a Renee Good, una residente local de 37 años y madre de tres hijos.
El Gobierno estadounidense argumentó, de acuerdo con lo reportado por ABC News, que todas las acciones realizadas por las autoridades migratorias se ajustaron al marco legal vigente, ya que la joven presentaba una orden de deportación definitiva. La negativa a concederle un visado de estudiante se justificó en que el estatuto no permite que el Secretario de Estado actúe fuera de los límites legales y no tiene facultades para revertir una decisión tomada en cumplimiento de una orden judicial.
El caso ha representado un nuevo punto de fricción entre el poder judicial y el ejecutivo estadounidense respecto al manejo de la política migratoria, en un entorno marcado por protestas ciudadanas en diversas ciudades y críticas de organizaciones de derechos humanos. Aunque el juez Stearns había recomendado una solución humanitaria que permitiera a López Belloza retomar sus estudios, la respuesta oficial del Departamento de Justicia enfatizó la imposibilidad de acceder a su solicitud, manteniendo vigente la orden de deportación.
ABC News ha seguido de cerca la evolución de la situación de López Belloza, subrayando que su ejemplo ha incrementado la presión sobre autoridades federales para revisar los procedimientos que derivan en deportaciones erróneas y abordar con mayor flexibilidad los casos individuales, especialmente aquellos que afectan a personas integradas en el sistema educativo estadounidense. Mientras tanto, activistas y miembros de la comunidad educativa han sostenido manifestaciones y campañas para exigir soluciones que permitan a estudiantes como López Belloza permanecer en el país en tanto sus casos migratorios se resuelven en los tribunales.
