Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, vinculó el surgimiento de las acusaciones de acoso laboral y sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, con una supuesta estrategia política para desviar la atención pública de casos internos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informó la agencia Europa Press, García Martín afirmó que la denuncia de una exconcejala no responde a una coincidencia, sino que se relaciona con “la necesidad que tiene la izquierda de echar tinta de calamar” para evitar el foco sobre casos de presuntos abusos sexuales en el Palacio de la Moncloa.
El portavoz subrayó, en declaraciones realizadas desde Buitrago de Lozoya, que el Partido Popular llevó a cabo una investigación interna sobre los hechos señalados y que no encontró indicios que justificaran las acusaciones contra Bautista. Según reportó Europa Press, García Martín sostuvo que el procedimiento ejecutado fue “la investigación que era oportuna”, reiterando que no se detectó “ningún tipo de situación que justificara” la denuncia presentada por la exedil.
Las acusaciones contra el alcalde se conocieron el mismo día en que Francisco Salazar prestaba declaración en el Senado por supuestos abusos sexuales atribuidos al entorno presidencial. Europa Press detalló que Bautista negó las acusaciones de manera categórica tras la publicación de la denuncia. Un día después, la exconcejala adelantó la presentación formal de una denuncia judicial contra el regidor. Ante estos hechos, el Partido Popular de Madrid anunció el análisis de posibles medidas legales contra la exedil, alegando que existía “mala fe” y una supuesta fabricación de pruebas con el objetivo de articular una “vendetta personal” contra el alcalde de Móstoles.
García Martín expuso, según publicó Europa Press, que en su opinión la presentación de estas acusaciones coincidió de forma deliberada con la comparecencia de Salazar en la Cámara Alta para explicar los presuntos casos de abusos cometidos en el lugar de residencia y trabajo del presidente del Gobierno. Estas declaraciones se suman a la respuesta inmediata de la defensa del alcalde, quien describió la situación como un “chantaje político”.
El vocero de la Comunidad de Madrid expresó también que la atención generada por el caso de Bautista serviría, a su juicio, para desviar el interés sobre otras informaciones que involucran al entorno personal de Pedro Sánchez. Según lo relatado por Europa Press, García Martín hizo referencia a informaciones sobre presuntas actividades de prostitución en saunas vinculadas al suegro del presidente del Gobierno. Sostuvo que dichas actividades podrían haber contribuido, eventualmente, a la financiación de la campaña electoral de Sánchez.
Durante los últimos días, la controversia en torno al alcalde de Móstoles ha generado intercambio de declaraciones entre las diferentes partes implicadas. El PP de Madrid insistió, de acuerdo a lo informado por Europa Press, en la legitimidad de las acciones internas desarrolladas y en la ausencia de fundamento que sostenga las acusaciones de acoso dirigidas contra Bautista. Al mismo tiempo, enfatizó su intención de proteger al regidor frente a lo que considera un ataque con motivaciones políticas y personales.
Las declaraciones formuladas por García Martín reflejan la preocupación del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto al impacto de las denuncias en el debate público y su rechazo a cualquier vinculación de su partido con los hechos imputados. Según la información de Europa Press, las autoridades regionales han manifestado que este episodio se inscribe en un contexto de confrontación política, en el cual se estarían empleando acusaciones para desviar la atención de situaciones que afectan directamente a miembros y allegados del jefe del Ejecutivo nacional.
Por el momento, la exconcejala mantiene su intención de formalizar la denuncia ante los tribunales, mientras que el PP regional evalúa acciones legales y respalda al alcalde de Móstoles. Europa Press apuntó que Manuel Bautista continúa rechazando todas las imputaciones, centrando su defensa en el argumento del “chantaje político” y contando con el apoyo expreso de la dirección del Partido Popular madrileño.