La situación de la denunciante, agente de la Policía Nacional, ha requerido que se le asigne protección policial a raíz de la filtración de sus datos personales en el marco de la investigación abierta. Tal como difundió Europa Press, el riesgo para la integridad de la persona ha motivado a la representación legal a solicitar al magistrado que todas las pruebas presentadas, como registros de llamadas, mensajes de WhatsApp y grabaciones de audio, solo puedan consultarse con la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia y bajo total supervisión judicial.
De acuerdo con la información revelada por Europa Press, la mujer había presentado una querella contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por presunta agresión sexual. Su abogado, Jorge Piedrafita, entregó esta semana al juez un documento donde se pide que el acceso a los registros de llamadas, los mensajes y los audios aportados quede estrictamente restringido para evitar nuevos episodios de exposición de datos sensibles que puedan afectar la seguridad de la denunciante.
Europa Press detalló que el escrito entregado por la defensa de la agente expone cómo las filtraciones anteriores han puesto en evidencia su identidad e información personal, lo que ha hecho necesario implementar medidas especiales de protección. En este contexto, la solicitud de «plena reserva y salvaguarda de la prueba» en sede judicial busca impedir que los materiales puedan ser consultados fuera de los parámetros establecidos por la autoridad judicial. Según el texto remitido al magistrado, dicha consulta deberá producirse «únicamente en la sede judicial» y siempre bajo la presencia supervisora de la Letrada de la Administración de Justicia, con el objetivo de proteger la privacidad de la denunciante y evitar vulneraciones adicionales.
En cuanto a las pruebas aportadas, el medio Europe Press confirmó que el abogado de la denunciante hizo entrega de un listado de llamadas hechas por el ex DAO a la agente, así como capturas de pantalla de los mensajes enviados por WhatsApp y audios grabados, todos ellos citados en la querella. La defensa solicitó la admisión formal de estos materiales como elementos probatorios en la investigación penal que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.
El órgano judicial había requerido la semana anterior a la representación de la policía que formalizara la entrega de todas las pruebas vinculadas a la investigación sobre el presunto delito de agresión sexual. El letrado pidió además, en su escrito dirigido al juzgado y citado por Europa Press, que en caso de que se cuestione la autenticidad de cualquiera de los documentos presentados—ya sean llamadas telefónicas, mensajes o audios—se practique una pericial informática.
Según publicó Europa Press, el abogado de la agente especificó en su petición que dicha pericial peritaje debería ser realizada por miembros de la Guardia Civil expertos en el área del peritaje judicial. Su función sería la de realizar comparativas, análisis forenses y comprobaciones para verificar tanto la autoría como el contenido original de los mensajes y llamadas, tomando medidas para evitar cualquier manipulación o alteración que pudiera afectar su valor como prueba en un eventual proceso.
Este procedimiento, añadió la defensa en documentos a los que accedió Europa Press, apunta a preservar el principio de cadena de custodia y garantizar la validez del material que servirá de base probatoria en la determinación de responsabilidades judiciales dentro del caso. Además, la solicitud de que la consulta de los materiales quede bajo estricta vigilancia judicial surge en respuesta al precedente de filtraciones, considerado especialmente grave por la repercusión sobre la seguridad personal y la exposición mediática de la denunciante.
En el marco de la causa seguida en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, la participación de la Guardia Civil como peritos informáticos y la restricción en el acceso a la prueba busca fortalecer las garantías procesales tanto para la denunciante como para el acusado. Según consignó Europa Press, estas peticiones forman parte de las estrategias legales para proteger la identidad de los implicados y evitar nuevos incidentes de exposición innecesaria en casos de alta sensibilidad social.
Europa Press informó que la defensa insistió en la necesidad de que todo el caudal probatorio circule por los canales formales previstos en la ley procesal, recurriendo a mecanismos de seguridad y reserva ante la posibilidad de filtraciones no autorizadas que, según la defensa, podrían continuar poniendo en riesgo tanto los derechos de la denunciante como la pureza del procedimiento judicial. La atención a estos aspectos de custodia, acceso restringido y análisis técnico pericial se suma así a las medidas extraordinarias de seguridad personal implementadas a raíz de la divulgación previa de datos sensibles, situación que ya motivó la asignación de escolta policial a la agente denunciante.
