El hombre señalado por el doble crimen de Xilxes, arrestado esta semana en la provincia de Castellón, había recibido en febrero de 2025 una sentencia que le imponía una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima hasta octubre de 2027 y la privación temporal del derecho a portar armas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Pese a estas medidas, las autoridades investigan ahora su posible vinculación con dos muertes cometidas este año en ese municipio, así como el supuesto incumplimiento de la condena dictada previamente.
La jueza titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido, quien fue presentado como presunto responsable de la muerte de su ex pareja y de la hija menor de ambos en la localidad de Xilxes. De acuerdo con lo publicado por el TSJCV, el hombre, durante su comparecencia judicial, optó por acogerse a su derecho a no declarar.
El sumario permanece bajo secreto, y las primeras líneas de investigación consideran para el acusado dos delitos—homicidio o asesinato—y además un posible quebrantamiento de condena, según detalló el medio judicial. El arrestado se encuentra ahora bajo un proceso que, conforme a la información recogida por el TSJCV, no descarta posteriores modificaciones en la calificación jurídica de los hechos según avance la instrucción.
Según publicó el TSJCV, el detenido ya figuraba como condenado por violencia de género en el año 2025, a través de un juicio rápido celebrado a finales de febrero. A raíz de ese procedimiento, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real—hoy plaza 1 de la Sección especializada—le impuso dos penas alternativas consistentes cada una en 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Por un delito de coacciones, previsto en el artículo 172.2 del Código Penal, y otro de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, tipificado en los artículos 153.1 y 3, también recibió sendos periodos de 16 meses de privación de la tenencia y porte de armas y una orden de alejamiento de igual duración.
El mismo órgano judicial ordenó la indemnización de la víctima con una cantidad de 200 euros en concepto de responsabilidad civil, dado que el acusado hasta ese momento carecía de antecedentes penales. Estas sentencias firmes marcaban una prohibición expresa de contacto y acercamiento, en vigor hasta octubre de 2027.
La investigación sigue abierta con el fin de aclarar las circunstancias de los hechos y la posible relación del investigado con las dos muertes. Según informó el TSJCV, la prisión provisional se ha decretado con el objetivo de garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales y evitar riesgos de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. El proceso judicial cuenta con medidas de protección para las partes implicadas y se están realizando las actuaciones judiciales pertinentes bajo la estricta reserva señalada por el juzgado de instrucción.
El caso, ampliamente seguido en la provincia de Castellón, ha puesto de nuevo en primer plano la eficacia de las medidas de protección a víctimas de violencia de género y las limitaciones de los dispositivos judiciales cuando existen antecedentes y medidas vigentes. Según consignó el TSJCV, las actuaciones judiciales determinarán si el acusado infringió de manera deliberada las prohibiciones judiciales y cómo se produjo el presunto doble homicidio en el contexto de una situación de violencia previa sancionada por el órgano judicial encargado.
