El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jeremy Laurence, ha instado este martes al Gobierno de Sri Lanka a adoptar «medidas urgentes» de reparación para las víctimas de violencia sexual, una cuestión que «sigue sin abordarse» y que ha llevado a miles de supervivientes a hacer frente a una «impunidad que se alarga en el tiempo».
En su informe ‘Lo hemos perdido todo: Incluso la esperanza de obtener justicia’, la oficina de la ONU ha analizado durante una década los crímenes y delitos sexuales en el país asiático. Así, el texto concluye que las autoridades deben poner en marcha una serie de reformas «transformadoras» que favorezcan la «rendición de cuentas» y que permitan modificar las instituciones en materia de seguridad.
«La falta de Justicia y la grave violación de los Derechos Humanos, a las que se suman crímenes de guerra, han creado un legado de impunidad que sigue dando forma a las vidas de muchos supervivientes», ha lamentado Laurence, que ha afirmado que muchas víctimas de la guerra civil que finalizó en el año 2009 «siguen sufriendo heridas psicológicas».
En este sentido, ha aclarado que la violencia sexual «constituye una grave violación del Derecho Internacional, lo que podría constituir crímenes de guerra o contra la humanidad». «Sri Lanka está obligada legalmente, bajo tratados y compromisos internacionales, a prevenir, investigar y perseguir cualquier violación y garantizar la reparación de los supervivientes», ha declarado.
El documento destaca cómo la militarización ha creado un entorno en el que «la violencia de género, incluida la violencia sexual, ha seguido registrándose después del conflicto». «Más allá de la impactante crueldad de los abusos, como la violación, la mutilación sexual, la degradación pública, (…) muchas mujeres sintieron que estos ataques tenían como objetivo causar un trauma duradero y desintegrar las comunidades», ha apuntado.
El informe recoge testimonios de algunas víctimas, que aseguran que «la violencia sexual es una tortura que nunca termina». Además, muchas de ellas deben hacer frente al estigma y este tipo de violencia «afecta a las familias a los hijos nacidos como consecuencia de las violaciones». «Las comunidades se quedan rotas por el silencio, el miedo y el trauma sin resolver», ha añadido.
Laurence ha matizado que es necesario que el Gobierno «ponga en marcha medidas concretas para reconocer públicamente esta violencia sexual cometida por actores estatales y terceros» y que «emita una disculpa formal» al respecto. «Es por ello que el reconocimiento, la verdad, la rendición de cuentas y la reparación es de vital importancia para restaurar la dignidad de las víctimas y avanzar hacia la reconciliación», ha zanjado.
